Harbour Energy aseguró que no mantiene intereses en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, y que tampoco participará en actividades vinculadas al archipiélago en el futuro. La aclaración se conoció en medio de una controversia sobre el alcance de una inhabilitación aplicada en 2013 a Premier Oil, compañía que posteriormente pasó a llamarse Harbour Energy.
La empresa británica, con participaciones en Vaca Muerta y otros activos argentinos, sostuvo que se desprendió de su vínculo con Sea Lion en 2022. Su posición fue difundida después de que trascendiera una denuncia penal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por las autorizaciones que recibió para desarrollar negocios en el país.
La presentación cuestiona la actuación de funcionarios de la Secretaría de Energía, entre ellos María del Carmen Tettamanti y su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo. Según la PIA, se habrían permitido operaciones pese a una sanción que considera vigente, una hipótesis que deberá ser examinada judicialmente.
La sanción a Premier Oil y la discusión sobre su continuidad
El antecedente central es la Resolución 481/2013 de la Secretaría de Energía, que inhabilitó a Premier Oil PLC durante 15 años. La medida se fundó en actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental, en zonas próximas a Malvinas, y su vencimiento está previsto para el 9 de octubre de 2028.
Según los registros societarios británicos citados en la investigación, Harbour Energy conserva el número de inscripción SC234781 que tenía Premier Oil. Para la PIA, el cambio de nombre no interrumpió la continuidad jurídica ni dejó sin efecto la sanción; la compañía, en cambio, destaca los cambios de control, conducción, activos y estrategia producidos tras la operación con Chrysaor.
Fuentes empresarias explicaron a Infobae que conservar la estructura jurídica permitía aprovechar la cotización de Premier en Londres, determinados beneficios impositivos y sus activos en el Mar del Norte. También señalaron que, después de recibir una advertencia del Gobierno argentino, Harbour decidió desprenderse de la participación en Sea Lion que había incorporado.
Qué dijo la petrolera sobre el proyecto en Malvinas
Martín Rueda, director general de Wintershall Dea Argentina, integrante del grupo Harbour, afirmó que la empresa eligió concentrar su actividad en el país. “Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”, sostuvo.
La salida se completó el 23 de septiembre de 2022 mediante la transferencia a Navitas Petroleum de la subsidiaria que retenía los derechos sobre las licencias. Tras esa operación, Navitas quedó con el 65% del proyecto y su operación, mientras Rockhopper conservó el 35% restante.
Harbour ingresó al negocio argentino de Wintershall Dea en 2024 y mantiene participaciones en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. Entre sus activos figuran Cuenca Marina Austral 1 y los bloques San Roque y Aguada Pichana Este; además, posee un 15% en el proyecto de exportación de gas natural licuado Southern Energy.
Qué plantea la denuncia contra funcionarios de Energía
La denuncia fue presentada por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, tras una investigación iniciada en septiembre de 2025. El escrito sostiene que la sanción de 2013 nunca fue derogada y cuestiona las inscripciones y reinscripciones que permitieron a sociedades vinculadas con Harbour operar en la Argentina.
Uno de los puntos señalados es una cláusula del contrato de adquisición de Wintershall Dea denominada “Condición del Perdón Argentino”, vinculada con la inscripción en el Registro de Empresas Petroleras. Para la fiscalía, demostraría que las partes conocían el impedimento; también pidió investigar las autorizaciones de exportación concedidas a Southern Energy y la actuación de otros funcionarios y representantes empresarios.
La PIA planteó posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, además de otras hipótesis sujetas a comprobación.
Harbour sostiene que su actividad cumple el marco argentino y que su vínculo con Sea Lion concluyó: la controversia pendiente es si aquella salida modificó el alcance de la inhabilitación y si las autorizaciones posteriores se ajustaron a la normativa.