El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas volvió al centro de las negociaciones del Gobierno, que mantuvo una reunión con diputados oficialistas, aliados y opositores para intentar acelerar su tratamiento en el Congreso. La iniciativa contempla penas de hasta 20 años de prisión por la explotación no autorizada de recursos naturales y amplía las facultades estatales en materia de seguridad.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y legisladores del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido Justicialista (PJ).
El próximo martes 27 de octubre, a las 16 horas, está previsto un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Allí, el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para obtener dictamen y avanzar hacia una eventual votación en el recinto.
El Gobierno busca acelerar el tratamiento
La discusión enfrenta dificultades por los tiempos parlamentarios. Aunque el miércoles 28 aparece como una posible fecha para sesionar, todavía no existe certeza sobre la posibilidad de reunir las condiciones necesarias para tratar el proyecto.
Noviembre también presenta complicaciones para la agenda legislativa, debido al debate del Presupuesto y otros compromisos previstos. Por ese motivo, el Gobierno intenta acelerar las conversaciones con diferentes bloques.
"Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos", sostuvo Ravier en sus redes sociales. También aseguró que la iniciativa es una "prioridad para este Gobierno".
Penas más duras por la explotación de recursos
Uno de los principales cambios propuestos es el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten o colaboren con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina.
La iniciativa plantea reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las prohibiciones existentes. Actualmente centradas en actividades vinculadas con hidrocarburos, las restricciones pasarían a comprender recursos naturales renovables y no renovables.
También se propone crear un registro público de infractores. Las personas y empresas incluidas quedarían alcanzadas por restricciones para operar en Argentina y contratar con organismos estatales o particulares. Además, se incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos.
Un Consejo de Seguridad Nacional con nuevas atribuciones
Otro punto central es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por autoridades de distintas áreas del Poder Ejecutivo, entre ellas Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendría funciones de coordinación diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia. También intervendría en la protección de infraestructuras consideradas críticas para el país.
Ante amenazas graves e inminentes, el proyecto contempla medidas excepcionales, como restricciones financieras y cambiarias, bloqueo temporal de activos, suspensión de contrataciones y modificaciones transitorias en operaciones comerciales. Asimismo, prevé el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso, luego de agotar las instancias establecidas en un protocolo.
Otras modificaciones en seguridad y política
El texto también propone prohibir aportes a partidos y campañas políticas provenientes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras, además de incorporar delitos relacionados con espionaje y colaboración con servicios de inteligencia extranjeros.
Entre las conductas alcanzadas figuran las operaciones financiadas desde el exterior para alterar procesos electorales, las campañas coordinadas de desinformación masiva y la promoción de actos de violencia o sabotaje.
Finalmente, la iniciativa redefine atribuciones de la Defensa Nacional frente a amenazas externas y contempla incorporar por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con mecanismos de inmovilización de bienes y restricciones económicas. Todas estas disposiciones permanecen sujetas al debate y eventual aprobación del Congreso.