Rechazaron órdenes de restricción y mató al hijo. El crimen que conmocionó a Coronel Suárez y a la provincia de Buenos Aires tuvo un desenlace devastador, pero también un antecedente que hoy interpela de lleno al sistema judicial. En la madrugada de este martes, Gustavo Suárez, un hombre de 48 años, asesinó de un disparo en la cabeza a su hijo Francisco, de apenas cuatro años, y luego se quitó la vida. Minutos antes, había advertido por teléfono a su expareja, madre del niño, cuál era su plan.

El hecho ocurrió en el acceso a la localidad de Huanguelén, donde el hombre llegó a bordo de un camión y consumó el crimen. La secuencia estremeció por su violencia, pero también porque, según confirmaron fuentes judiciales, la madre del menor había solicitado en dos oportunidades órdenes de alejamiento para protegerse ella y a su hijo. Ambas presentaciones fueron rechazadas.

Los pedidos de protección que no prosperaron

La mujer, integrante de la Policía local, había acudido a la Justicia ante lo que consideraba una situación de riesgo para su hijo. En agosto pasado, elevó una medida cautelar ante el Juzgado de Paz de Coronel Suárez para impedir que Suárez se acercara al niño y a ella. Sin embargo, el magistrado entendió que “no surge la existencia de un riesgo extremo que torne necesario disponer la suspensión del régimen de comunicación paterno-filial” y rechazó el pedido.

En su presentación, la madre había detallado conductas que consideraba intimidatorias y perturbadoras por parte de su expareja. A pesar de ello, el juez de Paz resolvió no otorgar la cautelar solicitada, aunque sí dispuso algunas medidas de acompañamiento institucional.

La intervención de Acción Social

En el expediente también intervino el área de Acción Social del Municipio, que evaluó la situación familiar y solicitó que el padre no tuviera la tenencia del niño, al advertir que podría ocurrir un hecho grave. Para reforzar ese planteo, el organismo recurrió a la Justicia, consignó Infobae.

En ese marco, el juez de Paz ordenó a Suárez “el cese inmediato de los actos de perturbación y/o intimidación contra Francisco Suárez” y dispuso “mantener la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, a fin de continuar con el acompañamiento y seguimiento del grupo familiar”.

Además, el magistrado exhortó a ambos progenitores a no involucrar al niño en los conflictos entre adultos y a canalizar cualquier pedido vinculado a la comunicación o interacción a través de los carriles judiciales correspondientes.

Denuncias cruzadas y una nueva presentación

Según las fuentes consultadas, existían denuncias cruzadas entre ambos progenitores. Suárez sostenía que su expareja le impedía ver al niño, mientras que la madre advertía sobre los riesgos que podía correr Francisco cuando estaba al cuidado de su padre. “Ella no se lo quería dar porque veía lo que le hacía y que el nene no quería ir”, señalaron fuentes judiciales.

Lejos de desistir, la mujer volvió a presentarse ante la Justicia para solicitar una nueva medida de protección. Sin embargo, el resultado fue el mismo. El 8 de noviembre último, el Juez de Garantías de Bahía Blanca, Alberto Antonio Manzi, analizó el planteo y también lo rechazó.

El fallo del Juzgado de Garantías

En su resolución, el juez Manzi detalló la denuncia presentada por la madre del niño. “La señora refiere que se encuentra separada del sujeto denunciado, de cuya unión tuvieron un hijo de nombre Francisco. Sostiene haber sido víctima de hechos de violencia psicológica, hostigamiento, amenazas y malos tratos, en los que el sujeto utiliza al niño como instrumento para manipularla”, consignó el magistrado.

La mujer también afirmó que su hijo era obligado a proferir insultos y expresiones de odio hacia ella cuando quedaba al cuidado de su padre, y que contaba con audios que respaldarían su relato. No obstante, el juez señaló que al momento de resolver la cautelar “solo se cuenta en autos con los dichos vertidos por la denunciante, careciéndose de todo otro elemento de convicción que permita objetivar su relato”.

En ese sentido, Manzi consideró que no estaban acreditados los extremos necesarios para dictar la medida solicitada y sostuvo que el fuero de Paz era el ámbito más adecuado para abordar la conflictiva familiar. “Resulta improcedente hacer lugar a la medida cautelar que se solicita”, concluyó el magistrado.

La noche del crimen

La tragedia ocurrió poco después de la medianoche del martes. Gustavo Suárez llamó por teléfono a su exmujer para decirle dónde se encontraba y anunciarle que iba a matar a su hijo y luego suicidarse. La mujer, que se encontraba de franco, dio aviso inmediato a sus colegas de la fuerza policial.

Un móvil se dirigió al lugar indicado y encontró un camión Mercedes Benz 2035 detenido sobre la banquina. En su interior estaban los cuerpos del hombre y del niño. Suárez presentaba un disparo en la cabeza y sostenía una pistola Bersa calibre 22. El pequeño Francisco aún tenía signos vitales, pero murió poco después, durante el traslado al hospital.

La carta que anticipó el desenlace

Tras el crimen, trascendió una carta que Suárez había enviado a su expareja, en la que anticipaba lo que iba a hacer y la responsabilizaba por la situación. En el mensaje, el hombre escribió: “Nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste”, y continuó con una serie de reproches y acusaciones.

En otro tramo, afirmó que se llevaba al niño porque le había prometido “cuidarlo siempre” y sostuvo que su hijo estaría mejor con él “donde quiera que estemos”. El contenido del mensaje fue incorporado a la investigación como parte del contexto previo al hecho.

La causa judicial

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la responsabilidad del fiscal Jorge Viego. La causa fue calificada como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

Fuentes judiciales indicaron que, desde el punto de vista penal, no hay mucho más por avanzar, dado que el autor del crimen falleció. No obstante, resta finalizar las actuaciones para acreditar formalmente lo ocurrido y evaluar las responsabilidades institucionales previas.

Un caso que reabre el debate

El asesinato del niño y el posterior suicidio del padre reabrieron el debate sobre el funcionamiento del sistema de protección ante situaciones de violencia familiar y riesgo infantil. Las dos órdenes de alejamiento rechazadas, las advertencias de la madre y la intervención de los organismos locales quedaron bajo la lupa tras un desenlace que, según las propias fuentes judiciales, pudo haberse evitado. (Con información de Infobae)