La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma enviaron una carta documento a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, para impugnar la resolución que fijó el salario mínimo, vital y móvil. Las centrales reclamaron que el Gobierno convocara nuevamente, de manera presencial, al Consejo del Salario y revisara el monto establecido. En la presentación intimaron a la funcionaria a realizar la convocatoria en un plazo de 48 horas.
Las organizaciones cuestionaron la Resolución 4/2026 y sostuvieron que era “nula de nulidad absoluta e insanable”. Según plantearon, el salario mínimo se había fijado sin respetar el procedimiento previsto en la Ley 24.013 y sin una fundamentación suficiente de los criterios utilizados para determinar los aumentos. Se trató de una impugnación formulada por las centrales sindicales; la presentación no implicó que la resolución hubiera sido anulada.
De acuerdo con el texto de la resolución, el Consejo del Salario se había reunido de forma virtual el 28 de agosto de 2026 y no había alcanzado un acuerdo. Tras esa reunión, la presidencia alterna del organismo fijó los nuevos valores mediante un laudo. La norma estableció un salario mínimo de $383.800 desde septiembre de 2026 para quienes cumplieran la jornada legal completa y dispuso incrementos mensuales hasta llegar a $437.000 en abril de 2027.
El planteo sobre la pérdida de poder adquisitivo
En la carta documento, las CTA afirmaron que la inflación interanual a agosto de 2026 había sido del 33,3%, mientras que el salario mínimo había aumentado un 16,96% en el mismo período. A partir de esa comparación, sostuvieron que el ingreso había perdido poder adquisitivo y que su monto se encontraba por debajo de la Canasta Básica Total. También señalaron que esa diferencia afectaba a quienes percibían menores ingresos.
Las centrales reclamaron que el Consejo del Salario funcionara como un ámbito de negociación en el que los representantes pudieran presentar propuestas, debatir alternativas y buscar un acuerdo. En ese marco, pidieron que dejara de ser una instancia “meramente formal” y cuestionaron que el monto hubiera quedado definido después de una reunión sin consenso.
El pedido incluyó una nueva convocatoria presencial y una revisión de los valores fijados para el salario mínimo, vital y móvil. La modalidad de la reunión formó parte del planteo de las CTA: la convocatoria de agosto, según consignó la propia resolución, se había realizado mediante una plataforma virtual.
Las medidas que anunciaron las centrales
Las organizaciones advirtieron que, si no recibían una respuesta, iniciarían acciones administrativas y judiciales. También anticiparon posibles presentaciones ante organismos nacionales e internacionales para reclamar el cumplimiento de las obligaciones que, según su postura, regían la determinación del salario mínimo.
La resolución impugnada también mantuvo el mecanismo de cálculo de la prestación por desempleo. La norma dispuso que el pago mensual equivaliera al 75% de la mejor remuneración neta de los seis meses anteriores al cese laboral, con un piso del 50% y un techo del 100% del salario mínimo vigente.
El reclamo de las CTA quedó centrado en dos puntos: el procedimiento utilizado después de la reunión del Consejo del Salario y el monto resultante de la nueva escala. Ambas centrales exigieron que se retomara la negociación para tratar esos aspectos con participación de las partes.