El diputado nacional Francisco de Narváez consideró que "el

Gobierno nacional eligió el peor camino, que es meter miedo a

quienes piensen distinto o actúen en forma diferente de lo que

ellos quieren".

"No es así como se resuelven los problemas que tenemos los

argentinos. Estoy en contra de la ley, porque ideologiza todo y

trata de correr el eje de discusión de los problemas reales que

afectan a la gente", concluyó el precandidato a la Gobernación

bonaerense y dirigente de Unión Azul y Blanco.

Por su parte, el integrante del bloque del Frente Renovador en

la Cámara baja Adrián Pérez señaló que la Ley Antiterrorista debe

ser derogada por el Congreso, porque se ha convertido en un cheque

en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos,

que en algunos casos como este se utiliza como respuesta

absolutamente desproporcionada e irracional".

Y añadió: "(La quiebra de Donnelley) Es un tema que debe ser

resuelto por los carriles correspondientes en la Justicia Civil

Comercial y eventualmente en las instancias administrativas del

Ministerio de Trabajo".

En tanto, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, sostuvo que la

Presidenta "agarró el micrófono y de un plumazo puso en riesgo el

trabajo de centenares de argentinos" y advirtió que "las amenazas

del Gobierno no hacen más que empantanar aún más a una economía

debilitada".

"Sembrando el pánico no crea empleo, lo destruye porque el

miedo no atrae inversiones. Cuando, en vez de colaborar e

incentivar para crear riqueza, el Estado persigue y amenaza,

consigue todo lo contrario: congelar la economía", destacó el

senador mendocino.

También la dirigente del MST-Nueva Izquierda Vilma Ripoll

sostuvo que "si el Gobierno quiere sancionar a Donnelley que la

expropie, estatice y garantice el trabajo" y manifestó que "la

imprenta podría producir los manuales y cuadernos para todas las

escuelas del país".

"Hasta ahora el Gobierno sólo viene atacando y reprimiendo a

los trabajadores. Para que no haya más cortes, el Ministerio de

Trabajo y el Gobierno deben dejar de ser funcionarios de las

empresas y empezar a dar soluciones a los despidos, suspensiones y

cierres, que aumentan todas las semanas", concluyó la precandidata

a vicepresidenta.

Dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT)

se pronunciaron en la misma vía y manifestaron que "si la

Presidenta quiere una salida auténtica a la falsa quiebra de la

empresa, tiene que expropiarla", consideró Jorge Altamira.

Asimismo, el diputado nacional Nicolás del Caño y el legislador

provincial Christian Castillo aseguraron que Cristina Kirchner

"omitió decir que si hoy Donnelley está funcionando y no se

perdieron los puestos de trabajo como sucedió en numerosas

empresas en todo el país, es gracias a la lucha y a la

organización de sus trabajadores con sus delegados".

Finalmente, el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi

calificó a la Ley Antiterrorista como "un error monumental, una

vergüenza para la Argentina" y confió en que "la Justicia impida

esta locura".

"Es absurdo pensar que una empresa comercial, sea argentina o

extranjera, se dedique a la política o a desestabilizar al país.

Lamentablemente, no somos el centro del mundo y lo que pasa es que

el cristinismo ahuyenta a todo aquel que quiere trabajar y

progresar", concluyó el representante de los abogados porteños.

Y añadió que "es un aviso, que incluso abarca a los sindicatos:

cuidado, que el sistema soviético puede volver" y señaló que "la

Presidenta es una fiel seguidora de Chávez y de Maduro".