Estudiantes de distintas universidades públicas realizaron una protesta en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La manifestación se desarrolló durante la tarde del miércoles, luego de un fallo judicial que ordenó al Gobierno avanzar con la aplicación de la normativa, y culminó con un desalojo por parte de la Policía Federal.

La protesta comenzó con una sentada frente al edificio ubicado en Pizzurno 935, en la Ciudad de Buenos Aires, y continuó en el hall de las instalaciones. Participaron estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Los manifestantes reclamaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, para exigir respuestas sobre la implementación de la ley. También solicitaron un aumento de las Becas Progresar y convocaron a la comunidad universitaria a acompañar la medida.

Horas después del ingreso de los estudiantes, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron un operativo para desalojar el Palacio Pizzurno. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó sobre el procedimiento mediante un video difundido en redes sociales. Según fuentes oficiales, no hubo detenidos.

Tras la intervención policial, el Ministerio de Capital Humano calificó lo ocurrido como una “toma violenta” y denunció presuntos daños al patrimonio público. La cartera sostuvo que el procedimiento, realizado en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, permitió recuperar las instalaciones.

Asimismo, anunció que presentaría una denuncia judicial “a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”.

En el comunicado oficial, el organismo expresó que “el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo”. También sostuvo que “el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.

Los estudiantes reclamaron respuestas del Gobierno

Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó que la manifestación comenzó en el exterior del edificio y que posteriormente decidieron ingresar para solicitar respuestas de las autoridades.

“Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir”, sostuvo la representante estudiantil.

Además, convocó a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense a acompañar el reclamo. “Porque lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria, a poder salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo”, agregó.

Por su parte, Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, cuestionó la demora en la aplicación de la normativa y repasó las distintas medidas realizadas por la comunidad universitaria.

“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, manifestó.

La dirigente estudiantil también criticó la posición del Ejecutivo frente a los reclamos y concluyó: “Tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia”.

El fallo judicial que impulsó la movilización

La protesta se produjo un día después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declarara inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El magistrado ordenó al Gobierno adoptar las medidas reglamentarias necesarias para poner en funcionamiento la normativa de manera inmediata. En su resolución, consideró que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo había funcionado como una suspensión de la ley, pese a que el Congreso había rechazado previamente el veto presidencial.

La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 con el objetivo de garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales.

Posteriormente, el presidente Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras legislativas insistieron en su sanción con las mayorías requeridas por la Constitución Nacional.

Sin embargo, al promulgarla, el Ejecutivo condicionó su implementación a que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento necesarias. Esa disposición fue cuestionada judicialmente y finalmente declarada inconstitucional por el juez Cormick.

Convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria

En medio del conflicto, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre, con una movilización prevista hacia el Congreso de la Nación.

La convocatoria tendrá como principales reclamos el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los presupuestos destinados a las universidades públicas y la recomposición salarial de los trabajadores del sector.

En paralelo, la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un plan de medidas de fuerza escalonadas durante 23 días, acompañado por actividades de visibilización en facultades e institutos.