Familias y organizaciones vinculadas con la discapacidad reclamaron que el Congreso prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia nacional establecida por la Ley 27.793. Amarú Méndez, referente de NeuroCEA, advirtió a Elonce que las dificultades económicas colocaron en riesgo la continuidad de terapias, centros de día y tratamientos de rehabilitación.

La iniciativa para extender la emergencia ingresó al Senado y comenzó a ser debatida en el Congreso. Paralelamente, el oficialismo obtuvo dictamen para un proyecto presentado como una alternativa integral, que mantendría las pensiones en el 70% del haber mínimo y contemplaría actualizaciones mensuales por inflación.

Méndez sostuvo que las familias miraban la propuesta con cautela porque todavía no conocían en detalle su contenido y alcance. En ese sentido, reclamó que cualquier modificación preserve los derechos establecidos por la Ley 24.901 y garantice los recursos necesarios para sostener las prestaciones.

Reclamo por los valores del nomenclador

La referente explicó que la emergencia fue impulsada ante el atraso acumulado en el nomenclador nacional, que establece los valores correspondientes a las prestaciones para personas con discapacidad.

El Gobierno nacional oficializó en septiembre un incremento del 1,7% y afirmó que las actualizaciones mensuales se realizan de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor. La medida comprendió rehabilitación, centros de día, educación terapéutica, formación laboral, apoyos, escolaridad y transporte.

Sin embargo, Méndez consideró que el incremento no compensó la pérdida acumulada. Según estimó, los aranceles deberían recibir una recomposición adicional cercana al 30% para recuperar su capacidad de financiamiento.

“Ni siquiera se está cumpliendo plenamente la ley de emergencia. El nomenclador subió apenas y, para que podamos estar nivelados, debería existir una actualización mayor de los aranceles profesionales”, sostuvo.

Demoras que afectan las prestaciones

La representante de NeuroCEA también alertó sobre atrasos en los pagos a prestadores e instituciones. Según afirmó, algunos centros debían esperar aproximadamente 90 días para cobrar los servicios brindados.

Méndez mencionó demoras atribuidas a la Obra Social de Entre Ríos y al programa Incluir Salud, y aseguró que algunas prestaciones realizadas durante abril todavía no habían sido abonadas. Esas afirmaciones fueron expresadas por la entrevistada y no estuvieron acompañadas por una respuesta de los organismos señalados.

“Los centros de día están totalmente colapsados y las familias también. Hay instituciones donde los chicos realizan sus rehabilitaciones que no pueden mantenerse al día porque existen demoras importantes en los pagos”, explicó.

La situación, añadió, también afectó a familias que perdieron sus empleos y, con ellos, la cobertura de una obra social. Esa demanda se trasladó al sistema público, que -según describió- ya funcionaba con dificultades para responder a todas las solicitudes.

“La crisis empieza a lastimar a las familias”

Méndez recordó que las organizaciones habían recibido la aprobación de la emergencia con expectativas de una mejora. No obstante, consideró que la situación se agravó por el congelamiento previo de los aranceles, los ingresos insuficientes y el aumento de los costos.

“Nosotros pensábamos que con esta ley íbamos a estar mejor y lamentablemente estamos cada vez peor. Los aranceles quedaron atrasados y los sueldos no alcanzan”, lamentó.

También señaló que muchas familias debían afrontar de manera particular prestaciones, tratamientos o traslados, aun cuando sus ingresos apenas alcanzaban para cubrir las necesidades cotidianas.

“Esto ya supera una crisis, porque empieza a lastimar muchísimo a las familias y a todo el colectivo de discapacidad. Existe una desesperación total”,

remarcó.

Pedido a los legisladores entrerrianos

Distintas asociaciones de Entre Ríos difundieron un comunicado conjunto dirigido a los representantes de la provincia en el Congreso. Luego de su publicación, otras entidades adhirieron al pronunciamiento.

El documento reclamó que diputados y senadores informen su postura, reciban a las organizaciones y acompañen una solución que asegure la continuidad de las prestaciones durante 2027.

“Queremos decirles a los legisladores que se reúnan con nosotros y nos escuchen, sin importar el partido político. La discapacidad no se fija a qué espacio pertenece cada persona”, expresó Méndez.

La referente afirmó que la problemática atravesaba directa o indirectamente a toda la sociedad y pidió que las decisiones parlamentarias contemplen la realidad cotidiana de quienes necesitan terapias, rehabilitación, transporte y acompañamiento permanente.

“Necesitamos que no nos abandonen y que piensen en las personas con discapacidad. Hoy necesitamos más que nunca su acompañamiento porque esta situación ya es insostenible”, concluyó.