A días del inicio de las sesiones extraordinarias, que comienzan el 2 de febrero, el Gobierno anticipa una intensa actividad legislativa para este año. Un 2026 en el que no se celebrarán elecciones, y durante el que aspiran aprobar algunas reformas claves que quedaron pendientes para debatirse a partir del domingo 1° de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei dará inicio al período ordinario.

Un integrante de la mesa política que responde al mandatario confesó que “todavía falta mucho por definir, pero hay al menos entre 40 y 50 proyectos de ley de todas las áreas para enviar”.

Pasado el mes de febrero, el Poder Ejecutivo deberá prepararse para encarar los desafíos legislativos con medidas claves para el segundo tramo del mandato.

Con los temas a tratarse en extraordinarias definidos, y bajo la idea de mantener en reserva el grueso de los proyectos que serán develados en marzo, una vez que se trate la Reforma Laboral, seguirían las modificaciones en el Código Penal y en el esquema tributario.

De la anunciada reforma tributaria se conoce poco. Es que, según revelaron en uno de los despachos de Casa Rosada, aún se encuentra en proceso de diseño dado que no hay coincidencias en la manera de compatibilizar la reducción de impuestos con el respaldo económico que deberá enfrentar el Estado tras su concreción.

En palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, la idea que persigue el Gobierno es avanzar en un esquema de simplificación de impuestos con una reducción de Ganancias para las personas y un incentivo para el desarrollo de los mercados. Hasta entonces, no hay detalles oficiales del articulado más allá de la determinación de modificar el Impuesto a las Ganancias y de avanzar en un “IVA dividido”. “La idea es generar competencia impositiva entre las provincias”, supo anticipar el funcionario, y agregar: “Lo vamos a dividir entre nacional y provincial. Nosotros cobraríamos el 9% sobre el 21%“.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo optó por incluir un capítulo impositivo en el articulado del proyecto de “Modernización”Laboral" que encuentra cierta resistencia en varios gobernadores que cuestionan la reducción de alícuotas de Ganancias a las sociedades, lo que afecta a la coparticipación.

Tras la frustrada idea de darle tratamiento en febrero, la mesa judicial ultima las modificaciones que se implementarán en el Código Penal que -promenten- estará lista para la primera quincena de febrero. Con más de 900 artículos, habrá un marcado endurecimiento en las penas de delitos que revisten gravedad, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas que los libertarios aspiran a aprobar con celeridad.

Otro de los temas que enviarán al Congreso tiene que ver con algunos cambios en la Ley de Salud Mental para atender un reclamo persistente de las familias de pacientes, profesionales y de las Fuerzas de Seguridad. La idea en la que trabajó el ministro de Salud, Mario Lugones, tiene por objetivo central habilitar internaciones involuntarias para que, en casos particulares, los jueces puedan autorizar la hospitalización y crear nuevos centros especializados para el tratamiento de pacientes, indica Infobae.

Por otra parte, hay algunas resoluciones que surgieron del Consejo de Mayo que quedaron pendientes. Una es la Ley de Libertad Educativa, que establece la obligatoriedad de la educación desde los 4 años hasta el final del secundario, fija mínimos de horas por nivel y amplía la autonomía institucional para definir planes de estudio dentro de contenidos mínimos comunes acordados a nivel federal. Además, se espera el envío de otros proyectos clave que surgieron del tratamiento de 8 de los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado en la provincia de Tucumán.

Ante el persistente reclamo por las vacantes en el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de enviar los pliegos para sumar sillas a la Corte Suprema, que hoy funciona con tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. Asimismo, se espera el envío masivo de pliegos a la Cámara de Senadores a partir del 1° de marzo. Las cifras expuestas hasta entonces revelan que la Justicia Nacional y Federal opera hoy casi el 37% de sus cargos sin titular.

Otra de las áreas que trabaja en cambios a futuro es la que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien concentra su energía en cranear una tercera reforma de la Ley de Ingelicencia Nacional con revisión de la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Seguridad Nacional, aunque desde su entorno eluden el detalle de las precisiones temporales.

De la promesa de los más de 40 proyectos que planean enviar, en Balcarce 50 evitan dar mayores precisiones de medidas más relevantes con la intención de reservar los anuncios más importantes para el discurso que el mandatario dará en el recinto a principio de marzo. Sin embargo, se cuidan de aclarar que los cambios planificados para el sistema previsional, que tantas críticas del mandatario recibió, no están pensadas para antes del 2027. “Quedarán para el próximo mandato”, confesaron con optimismo ante este medio.

En los planes del equipo negociador figura la posibilidad de tener que concluir con el tratamiento de algunos proyectos que no obtengan la sanción completa en extraordinarias durante el año. Con los días contados y los feriados de Carnaval, diseñan la hoja de ruta que podría tener continuidad después de marzo.