El Gobierno nacional oficializó este miércoles la declaración de emergencia agropecuaria para distintas zonas de la provincia de Santa Fe afectadas por intensas precipitaciones, excesos hídricos y desbordes de ríos, arroyos y cursos de agua. La medida tendrá vigencia desde el 1° de abril hasta el 30 de septiembre de 2026.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 819/2026 del Ministerio de Economía y alcanza a explotaciones agropecuarias ubicadas en departamentos del norte santafesino que sufrieron daños durante los últimos meses como consecuencia de los fenómenos climáticos.
La resolución incluye a productores de localidades pertenecientes a los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado. Entre las zonas alcanzadas aparecen Fortín Olmos, Garabato, Los Amores, Golondrina, Intiyaco, Cañada Ombú y Los Tábanos, además de Villa Minetti, Tostado, Santa Margarita, Logroño y Villa Guillermina, entre otras localidades afectadas.
Alcance de la medida y asistencia prevista
La declaración de emergencia agropecuaria también comprende a la actividad hortícola desarrollada en el cinturón productivo de la ciudad de Santa Fe. En este caso, la medida alcanza a los distritos Recreo, Monte Vera y Santa Fe, dentro del departamento La Capital.
Según se informó oficialmente, quedó excluido de la resolución el subdistrito San José del Rincón. La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que evaluó la situación presentada por el gobierno santafesino.
A partir de esta declaración, los productores afectados podrán acceder a los beneficios previstos por la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria. Para ello, deberán acreditar los daños sufridos mediante los certificados emitidos por las autoridades provinciales competentes.
Qué establece la resolución oficial
El texto publicado en el Boletín Oficial también dispone que las entidades bancarias nacionales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán instrumentar mecanismos para facilitar el acceso a los beneficios contemplados por la normativa vigente.
Además, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca fue instruida para avanzar con los convenios y actos administrativos necesarios que permitan implementar las medidas de asistencia dentro de las áreas afectadas.