La discusión por la Ley de Tierras volvió a poner en agenda uno de los casos más emblemáticos vinculados a la propiedad rural en Argentina: la venta de Valle Hermoso, una pequeña localidad de La Rioja que en 2008 quedó comprendida en una operación de compraventa de 200.000 hectáreas adquiridas por un inversor estadounidense. La transacción incluyó campos, montañas, fuentes de agua y también el pueblo, con sus habitantes, una escuela, una capilla y un puesto sanitario.
El antecedente cobró nueva relevancia mientras el Congreso analiza el proyecto oficial que busca modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011 para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el Gobierno sostiene que la normativa desalienta inversiones, sectores que rechazan la iniciativa alertan sobre un eventual impacto en la soberanía y el control de recursos estratégicos.
En ese contexto, el fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, quien encabezó la defensa judicial de los habitantes de Valle Hermoso, recordó el proceso que permitió reconocer los derechos de la comunidad y cuestionó cualquier intento de flexibilizar la legislación vigente.
"Todo el pueblo fue vendido"
"Después de una década de batalla judicial, logramos que se reconozca la posesión de la gente que vive en Valle Hermoso, un pueblo que fue vilmente rematado", afirmó Rodríguez en declaraciones al programa Total Normalidad, de Futurock.
El funcionario recordó que la operación inmobiliaria implicó, en los hechos, la venta de toda la comunidad. "Todo el pueblo fue vendido como una mercancía cualquiera. Se las compraron a un grupo de abogados que habían obtenido el remate de esas tierras. Nosotros lo reclamamos porque fue una maniobra casi clandestina", sostuvo.
Rodríguez explicó que el conflicto permitió dejar en claro la diferencia entre la titularidad registral y la posesión efectiva de la tierra. "Las escrituras de estas hectáreas nunca tuvieron la posesión real; solo unos pocos en nuestro país tienen acceso a ella. El poseedor habita la tierra, la trabaja y se siente dueño, un derecho amparado por el Código Civil. Fue un caso tan paradigmático que se convirtió en el gran motor para la sanción de la Ley de Tierras", afirmó.
La ley que fijó límites
El caso de Valle Hermoso evidenció un vacío legal que permitía la compra de grandes extensiones de territorio sin restricciones específicas, incluso cuando incluían poblaciones consolidadas o recursos hídricos estratégicos.
Como respuesta, en 2011 el Congreso sancionó la Ley de Tierras Rurales, que estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales, fijó restricciones para inmuebles con cuerpos de agua y definió topes máximos de superficie por titular extranjero.
Para Rodríguez, tanto la sanción de la ley como el fallo judicial fueron determinantes. "La ley fue clave, pero también lo fue la lucha judicial. Esa gente nunca tuvo una escritura y hoy tiene su posesión reivindicada", destacó.
La advertencia por la reforma
El fiscal también reveló que el comprador extranjero nunca avanzó judicialmente para reclamar las tierras adquiridas.
"Quien adquirió la tierra jamás se presentó a reclamarla. Se decía que iba a litigar en tribunales de Estados Unidos, pero nunca ocurrió", señaló.
Además, recordó que durante la operación se detectaron incumplimientos administrativos. "Se omitió presentar un proyecto de desarrollo frente al ministerio, un requisito esencial. En ese momento instamos una resolución para suspender la compra de inmediato", indicó.
Frente al nuevo debate parlamentario, Rodríguez manifestó su rechazo a una eventual flexibilización de la norma. "Nosotros, desde la experiencia concreta de haber defendido un pueblo que fue vendido a un extranjero, debemos defender los límites a la propiedad", remarcó.
Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener una modificación de la legislación. "Este proyecto pone en serio riesgo la soberanía y la seguridad de la Nación. La ley vigente tuvo en cuenta esos puntos esenciales: no le prohíbe nada al extranjero, simplemente impone límites razonables", concluyó.