Una investigación interna de la Armada derivó en una denuncia judicial por presuntas irregularidades en la liquidación de sueldos, suplementos y viáticos de personal militar y civil. El caso quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2 y ahora deberá determinarse el alcance de la maniobra y las responsabilidades individuales.
Según las primeras versiones difundidas, alrededor de 25 personas habrían quedado vinculadas con un esquema que podría haber movilizado cerca de $1.600 millones. Sin embargo, una reconstrucción más detallada de la presentación judicial señala por ahora 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por $981,1 millones, mientras otras estimaciones elevan el posible perjuicio hasta aproximadamente $1.500 millones.
Las irregularidades investigadas se remontan a 2022 e incluirían diferencias entre liquidaciones, recibos de haberes y archivos enviados al Banco Nación, además de duplicaciones, suplementos que no correspondían y pagos a personas cuya relación con la fuerza debía ser verificada.
Cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con la denuncia difundida inicialmente, parte del mecanismo habría consistido en acreditar suplementos adicionales a determinados integrantes de la Armada y luego exigirles la devolución de una porción del dinero al área contable. También se investigan viáticos vinculados con viajes al exterior y gastos que presuntamente no se habrían producido.
Las actuaciones internas también detectaron pagos que habrían continuado después de la desvinculación de algunas personas y montos que figuraban en los lotes bancarios pero no aparecían reflejados de igual manera en los recibos correspondientes.
El caso habría comenzado a tomar forma luego de que integrantes de la institución advirtieran las anomalías y las comunicaran a sus superiores. La fuerza amplió posteriormente la revisión de períodos anteriores para establecer si se trataba de errores aislados o de una operatoria sostenida.
La Armada llevó el caso a la Justicia
El Ministerio de Defensa confirmó que se inició una actuación administrativa luego de detectar “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”. Una vez verificadas esas anomalías, se presentó una denuncia penal para que la Justicia determine qué ocurrió y quiénes podrían resultar responsables.
La pesquisa interna incluyó el análisis de sistemas informáticos, archivos de liquidación, registros bancarios y documentación contable. También se preservaron equipos utilizados para preparar y transmitir las órdenes de pago al Banco Nación.
Como parte de las medidas preventivas, la Armada separó funciones vinculadas con liquidación, acreditación bancaria y conciliación, mientras continúa la revisión de los movimientos realizados entre julio de 2022 y enero de 2026.