El 13 de enero se cumplieron 24 años de la misteriosa desaparición de la familia Gil, integrada por Rubén “Mencho” Gil, Margarita Gallegos y sus hijos María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (2). Fueron vistos por última vez cuando regresaban al campo La Candelaria, en la zona rural de Crucesitas Séptima, y desde entonces no hubo rastros fehacientes sobre su paradero.

A lo largo de más de dos décadas, el caso atravesó distintas etapas investigativas, con el paso de fiscales y jueces, múltiples búsquedas e hipótesis que se intentaron corroborar sin resultados concluyentes. En ese contexto, Elonce dialogó con el comisario principal retirado Juan Antonio Rossi, quien estuvo ligado al expediente desde los inicios y afirmó que la causa “es una deuda pendiente con la sociedad”.

Rossi recordó que, en el arranque, se manejó la posibilidad de que la familia se hubiera trasladado por voluntad propia a la localidad de Eusebio, provincia de Santa Fe, donde Gil tenía un hermano. Sin embargo, con averiguaciones telefónicas y luego presenciales, se determinó que no habían llegado a ese destino. “Se entendía como que la familia se había retirado del lugar por sus propios medios, determinándose que no fue así, porque eran de muy escasos recursos, no tenían movilidad ni medios económicos”, explicó.

“Ellos vivían del sueldo de peón rural de Mencho Gil y la señora hacía actividades de cocinera en establecimientos educacionales de la zona, pero no percibía sueldo, porque no era empleada registrada, sino que solo lo hacía a título de colaboración. Y los cuatro niños, dos nenas y dos nenes, concurrían al establecimiento educacional de la zona, muy próximo a la estancia La Candelaria, donde residía la familia”, indicó.

Hipótesis iniciales y primeros indicios

Según el exjefe policial, la desaparición tomó mayor notoriedad con el inicio del ciclo lectivo, cuando los niños no concurrieron a la escuela rural cercana al establecimiento. En ese marco, se registraron exposiciones por parte de familiares de Mencho y también del propietario del campo, Alfonso Goette (hoy fallecido), que al mes de los hechos sostuvo que el peón se había ido “de vacaciones” y no regresó; esa versión, con el correr de las diligencias, fue descartada por falta de sustento.

"El 13 de enero de 2002, un domingo, regresaban de un sepelio alrededor de las 17, en medio de condiciones climáticas desfavorables, lo que hizo que volvieran a su lugar de residencia en un vehículo distinto al que habían utilizado para ir. Regresaron con otro matrimonio de Nogoyá, con quienes se conocían porque la mujer era docente en la zona rural. Debido al mal tiempo, volvieron por ruta 32 y luego por la 12, hasta el cruce de Crespo, cuando originalmente habían ido por caminos de tierra. No hubo ninguna circunstancia especial ni apremiante: simplemente se dio de esa manera”, especificó; y descartó que haya habido un plan macabro por parte de Goette, ni tampoco afirmó que haya sido esa persona. "Es muy difícil aventurar una hipótesis tan precisa. Lo que sí puedo señalar es que todo se desencadenó de una manera muy macabra", insistió.

Rossi indicó que se sustanció un sumario de prevención elevado al juzgado y que, desde allí, la Policía trabajó como auxiliar de la Justicia ejecutando medidas dispuestas por el magistrado interviniente. Al describir el escenario, detalló que se trataba de un establecimiento rural amplio, con monte, galpones, herramientas, patios y una vivienda humilde donde residía la familia. Señaló que la extensión del predio y las características geográficas complejizaron la tarea: eran 400 hectáreas de campo, divididas en fracciones, con sectores a ambos lados de la ruta y áreas internas a varios cientos de metros.

Excavaciones, rastrillajes y el paso del tiempo

Entre las diligencias más relevantes, Rossi mencionó trabajos de excavación realizados años después, con intervención del Cuerpo Médico Forense y uso de maquinaria pesada. Explicó que se removieron grandes volúmenes de tierra, se dividió el terreno en cuadrículas y se tamizó material en busca de restos óseos o indicios mínimos. “Fue un trabajo concienzudo”, afirmó, aunque aclaró que no se hallaron restos humanos identificables.

En esas tareas, contó, se localizaron “pupas” (los restos de cuando se degrada un cuerpo), pero remarcó que, en su momento, no existían herramientas de laboratorio para determinar con certeza la procedencia. También mencionó pozos y sectores con movimientos de tierra que fueron examinados con técnicas forenses.

Otra línea de trabajo incluyó la verificación de posibles apariciones en otras provincias, consultas a organismos y rastreos en distintos ámbitos. Rossi enumeró diligencias en centros de salud, establecimientos educativos, estaciones de servicio y trámites con registros oficiales para descartar que el grupo hubiera rearmado su vida en otro punto del país.

Sobre las nuevas pericias

De hecho, en noviembre del año pasado, y en el marco de la reactivación de la causa, autoridades judiciales y policiales se constituyeron en el campo La Candelaria donde residían las víctimas, para realizar una inspección con drones de alta tecnología. Se tomaron coordenadas de altura, superficie, longitud y latitud para enviarlas a la NASA, con el objetivo de obtener imágenes satelitales históricas del lugar.

Para Rossi, se trata de "una medida sumamente interesante e importante, siempre que apunte a un buen fin". "Todas las diligencias que contribuyan al esclarecimiento del caso son bienvenidas. De hecho, el pedido de imágenes satelitales y aeroespaciales formaba parte de las solicitudes que, hace 15 o 16 años, cuando integraba un grupo de trabajo, pusimos a disposición del Juzgado de Instrucción para avanzar en la investigación. De todos modos, es importante aclarar que las imágenes satelitales no son una simple fotografía de un espacio físico: requieren una lectura especializada, ya que los satélites no están diseñados -ni lo estaban en aquel momento- para localizar personas ni detectar movimientos de tierra”, especificó.

“Siempre trabajamos con total y absoluta libertad"

“Siempre trabajamos con total y absoluta libertad y, como auxiliares de la Justicia, respondiendo a órdenes emanadas del juzgado, a través de exhortos u oficios que nos encomendaban determinadas diligencias. En ningún momento hubo amenazas, coacciones ni desvíos de la investigación, para nada. Existió siempre plena libertad de trabajo, primero con el juez Sebastián Gallino y, posteriormente, hasta hace poco tiempo, con el juez Gustavo Acosta, quien además le dio un nuevo impulso a la causa al constituirse personalmente en el campo en distintas oportunidades", repasó Rossi. Es más, mencionó que acompañó al magistrado en varias comisiones de averiguación y en entrevistas con distintas personas, como testigos, la directora del establecimiento educativo al que asistían los chicos y vecinos cercanos, incluidos algunos que ya habían declarado en la causa.

“Una deuda pendiente con la sociedad”

Consultado por su mirada personal, Rossi sostuvo que, en base a años de investigación, su presunción era que la familia fue víctima de un crimen. “Con mucho pesar lo digo: esta familia ha sido víctima de un horrendo crimen, tanto los niños como el matrimonio”, expresó, y agregó que, a su entender, “han visto o escuchado lo que no debían ver o escuchar, presenciaron o participaron de alguna situación anómala", aunque aclaró que no podía brindar precisiones de hipótesis puntuales por tratarse de una causa que continuaba en curso.

“Más allá de que se logre o no probar, es muy criminal la desaparición de seis personas (cuatro niños y dos mayores) y quizás no haya antecedentes en muchas partes del mundo de esto”, completó.

“Lo principal que falta es poder localizar los restos de lo que fue esta familia, siempre partiendo de la base de que fueron víctimas de un horrendo crimen. Debería existir algún resto cadavérico, ya sea óseo o incluso cabellos, aun considerando que ya pasaron 24 años desde la desaparición. Algo podría hallarse en el lugar. En ese sentido, el establecimiento en sí mismo es el punto central porque no existen antecedentes ni presunciones de que haya habido otro sitio físico donde esta familia pudiera haber estado”, indicó Rossi.

También consideró “llamativo” que, según relató, pocos días después de la fecha en que se los vio por última vez ya hubiera otra persona trabajando en el establecimiento, en reemplazo del peón desaparecido. Además, remarcó que en el lugar no se hallaron pertenencias, documentos ni elementos básicos de la vida cotidiana de la familia, por lo cual la identificación debió reconstruirse con el Registro Civil y datos aportados por familiares.

Sobre el cierre, el comisario retirado planteó que el hallazgo de restos sería una pieza clave para avanzar hacia una respuesta definitiva. “Mi mayor anhelo es lograr encontrar restos de esta familia y poder darle cristiana sepultura”, sostuvo, al señalar que, para los allegados, la ausencia de certezas impidió incluso elaborar el duelo.

“No creo que existan antecedentes, ni en el país ni en muchas partes del mundo, de la desaparición de una familia completa en democracia. Desde el punto de vista policial, lo ocurrido fue muy duro y muy cruel, y resulta especialmente doloroso no haber podido obtener resultados claros sobre la localización de estas personas”, finalizó.