Organismos de Derechos Humanos y la Multisectorial de Entre Ríos expresaron su preocupación por lo que consideran un presunto desmantelamiento del Registro Único de la Verdad, un organismo estatal dedicado a las políticas de memoria, verdad y justicia. En ese marco, este miércoles a las 9.30 se realizará una movilización frente a la Secretaría de Justicia, ubicada sobre calle San Juan 134, en Paraná, para solicitar una audiencia con las autoridades provinciales.

Al respecto, el abogado Marcelo Boeykens explicó a Elonce que la convocatoria surgió tras conocerse una serie de medidas que, según indicó, afectan el funcionamiento del organismo. “No solamente han sido despedidos cuatro trabajadores, sino que además no hay coordinación del Registro y los archivos fueron trasladados a un edificio que no reúne las condiciones adecuadas para la tarea que se realiza”, señaló.

Boeykens remarcó que la preocupación se da en un contexto particularmente sensible, ya que en marzo se cumplirán 50 años del golpe de Estado de 1976. “Lejos de estar agotada, la tarea del Registro está en plena vigencia. Las políticas de memoria son una garantía de no repetición y deben sostenerse con educación, memoria y justicia”, afirmó.

Entre los trabajos emblemáticos desarrollados por el organismo, el abogado destacó la restitución de identidad de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, resultado de una investigación impulsada desde el Registro Único de la Verdad. Asimismo, recordó que aún se continúa la búsqueda de más de 400 nietos con identidad suprimida, ocho de ellos hijos de entrerrianos.

También mencionó investigaciones relevantes vinculadas a los denominados “vuelos de la muerte”, en las que se reconstruyeron posibles trayectorias de aeronaves que habrían partido desde Rosario hacia el delta entrerriano. “Decir que no hay trabajo por hacer es no conocer la magnitud de las causas en curso”, sostuvo.

Boeykens señaló además que el Registro participa actualmente como “amigo del tribunal” en un juicio que se desarrollará en abril en Concepción del Uruguay, aportando documentación y conocimiento acumulado durante años de investigación. “La asesoría legal, que fue desmantelada, cumplía un rol central en estas tareas”, advirtió.

En relación con el posible hallazgo de un nuevo centro clandestino de detención en un edificio que hoy funciona como campus de la UADER, el abogado explicó que la investigación se basó en el cruce de testimonios y planimetrías. “Esto abre nuevas hipótesis sobre el destino de personas detenidas-desaparecidas en la ciudad”, indicó.

La movilización de este miércoles fue definida como un “abrazo simbólico” al Registro Único de la Verdad. Según expresaron los convocantes, el objetivo es visibilizar la situación del organismo y reclamar su fortalecimiento como parte de las políticas públicas de derechos humanos en la provincia.