Una concesionaria ubicada en Pilar quedó en el centro de una investigación judicial por presuntas estafas vinculadas a la venta de vehículos de alta gama que habrían sido cobrados en dólares, pero nunca entregados a los compradores. Entre los denunciantes aparece el diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quien aseguró haber pagado casi 300 mil dólares por una camioneta Tesla Cybertruck.
Los damnificados se presentaron en las últimas horas en la sede de la concesionaria Autos Pilar Premium, situada sobre la colectora de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5, y encontraron el local cerrado y con los ventanales tapados con cartones.
Según trascendió, habría cerca de 20 víctimas que realizaron denuncias penales ante las fiscalías descentralizadas de Pilar. Algunas personas no solo transfirieron dinero, sino que también entregaron vehículos como parte de pago, publicó La Nación.
Investigan operaciones por vehículos de alta gama
De acuerdo con la denuncia presentada por Quintar, la negociación por la compra de un Tesla Cybertruck comenzó en agosto de 2025 y el legislador habría abonado un total de 285 mil dólares entre transferencias bancarias y pagos en efectivo.
Sin embargo, el vehículo nunca fue entregado. A partir de la investigación, la Justicia sospecha que los responsables de la firma continuaban ofreciendo unidades premium mediante un esquema destinado a captar potenciales víctimas.
Ante el riesgo de que varios vehículos fueran trasladados a otro predio, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó recientemente el secuestro de 19 camionetas y automóviles valuados en más de 1,2 millones de dólares.
Otra causa y antecedentes judiciales
Uno de los damnificados relató que entregó una seña de 2.500 dólares y luego transfirió otros 10.990 dólares por un Volkswagen Nivus que tampoco recibió. Según contó, durante semanas recibió excusas vinculadas a demoras administrativas hasta que finalmente perdió contacto con la agencia.
El propietario de Autos Pilar Premium, identificado judicialmente como Carlos Alberto G., ya había sido procesado anteriormente por desobediencia judicial en una causa vinculada a la ocupación indebida de terrenos linderos a la autopista Panamericana para exhibir vehículos en venta.
Esa investigación se inició tras una denuncia de Autopistas del Sol y derivó en medidas judiciales, secuestro de vehículos y un embargo millonario sobre bienes del empresario.
Según la resolución del juez federal Adrián González Charvay, el imputado incumplió una orden judicial que prohibía utilizar sectores públicos para la exhibición de automóviles, pese a haber sido formalmente notificado. Mientras tanto, las causas por las presuntas estafas continúan avanzando y podrían unificarse en una sola fiscalía.