Los créditos en dólares para empresas quedaron reglamentados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que estableció las condiciones para ampliar el financiamiento en moneda extranjera a personas jurídicas que anteriormente no estaban contempladas.

La medida incluye mayores exigencias para evaluar la capacidad de pago y mantiene un límite para el dinero que podrán prestar las entidades.

La reglamentación quedó establecida mediante la Comunicación “A” 8467 del BCRA y complementó la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar el acceso al crédito en dólares para empresas que no pertenecen al sector exportador.

Hasta ahora, las restricciones surgidas después de la crisis de 2001 limitaban principalmente estos préstamos a quienes generaban ingresos directos o indirectos vinculados al comercio exterior. Con la modificación, se amplía el universo de potenciales tomadores.

Qué requisitos deberán cumplir las empresas

Uno de los puntos centrales establece que las entidades financieras no podrán destinar a estos préstamos más del 15% de sus depósitos totales en dólares. Los nuevos créditos tendrán, en términos generales, el mismo tratamiento que aquellos ya contemplados por la normativa.

Sin embargo, el Banco Central pidió a las entidades prestar “especial atención” al flujo de fondos y a la situación patrimonial de las empresas que soliciten financiamiento en moneda estadounidense.

El objetivo será determinar si el deudor tiene capacidad para afrontar eventuales aumentos del monto de sus obligaciones sin comprometer sus pagos. El riesgo surge especialmente en aquellas compañías cuyos ingresos son en pesos y, por lo tanto, pueden no evolucionar de la misma manera que el tipo de cambio.

Mayores exigencias para los bancos

El BCRA también estableció requisitos adicionales para las entidades que otorguen estos créditos. Los bancos deberán incrementar su respaldo de capital por un factor de 1,25 sobre el importe determinado frente al riesgo crediticio.

La exigencia alcanzará también la exposición correspondiente al régimen de Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito. La intención es que las entidades mantengan mayores resguardos frente a operaciones con compañías que no necesariamente generan dólares.

Por otra parte, el organismo conducido por Santiago Bausili eliminó el artículo 2.1.7 del texto ordenado sobre política de crédito. Esa disposición permitía utilizar depósitos en moneda extranjera para financiar a clientes comerciales que necesitaran importar bienes de capital destinados a incrementar la producción para el mercado interno.

Qué tasa tendrán los créditos en dólares

La reglamentación no fijó una tasa única para los préstamos. Al tratarse de operaciones entre privados, el costo financiero será negociado directamente entre cada banco y la empresa solicitante.

De esta manera, la tasa final dependerá de las condiciones acordadas, el perfil crediticio de la compañía, el plazo y los criterios comerciales y de riesgo aplicados por cada entidad financiera.

Tampoco se estableció una fecha límite específica para acceder al nuevo esquema. Su disponibilidad estará condicionada, entre otros factores, por la capacidad de cada banco para prestar fondos respetando el tope fijado por el Banco Central.

Más de US$40.000 millones depositados

Según los últimos datos oficiales citados al anunciarse la medida, los depósitos bancarios en dólares superaban los US$40.000 millones. Sobre esa base, el Gobierno busca aumentar la utilización del ahorro en moneda extranjera para financiar actividades económicas.

La flexibilización había sido oficializada mediante el DNU 736/2026, que modificó el artículo 23 del Decreto 905/2002. Esa normativa había sido implementada después de la crisis de 2001 y establecía fuertes restricciones para prestar dólares depositados en el sistema financiero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la modificación y sostuvo que el nuevo esquema “va a ser muy bien recibido”. Según afirmó, la medida “va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía”.

Se trata de una expectativa expresada por el funcionario, mientras que el impacto efectivo dependerá del volumen de créditos otorgados, las tasas negociadas y la demanda que presenten las empresas.