Un paranaense de 33 años fue condenado a dos años y diez meses de prisión de cumplimiento condicional por comprar, reparar, desbloquear y revender teléfonos celulares de procedencia ilegítima desde un local comercial clandestino que funcionaba en su vivienda.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, a través de la jueza Noemí Berros, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la Defensa. El acusado, identificado mediante las iniciales JDL, reconoció su responsabilidad en los hechos.
La investigación, según publicó APF, permitió establecer que el hombre adquiría celulares usados sin documentación que acreditara su origen, los reparaba, desbloqueaba o liberaba y modificaba sus números de identificación IMEI para posteriormente comercializarlos.
Cómo funcionaba el comercio clandestino
En la sentencia, la magistrada sostuvo que “se acreditó que, en dicha casa-habitación efectivamente funcionaba un local comercial clandestino –no habilitado- de venta de terminales de telefonía móvil usadas”.
Además, señaló que el condenado adquiría equipos “de clara procedencia ilegitima”, los reparaba, desbloqueaba o liberaba, adulteraba o reemplazaba sus números de IMEI y posteriormente los revendía.
La jueza consideró que se trataba de una actividad comercial ilegal desarrollada de manera habitual y con fines de lucro.
Durante la investigación se comprobó que el acusado contaba con herramientas informáticas específicas para intervenir los dispositivos, entre ellas programas de servicio técnico, liberación y desbloqueo instalados en una notebook Lenovo.
Secuestraron 32 celulares: seis tenían denuncias
La causa comenzó con un allanamiento autorizado por el juez de Garantías Ricardo Bonazzola en una vivienda ubicada sobre calle Jorge Haendel, a pocos metros de Lorenzo Anselmi, en Paraná.
El procedimiento tenía como objetivo localizar un teléfono BGH Joy. Aunque ese dispositivo no fue encontrado, los investigadores hallaron numerosos celulares y elementos utilizados para su reparación y modificación.
Entre los equipos había un Samsung J1 Mini y un Huawei cuyos números de identificación figuraban en registros como denunciados por robo.
Las pericias posteriores determinaron que, de los 32 teléfonos celulares secuestrados, seis estaban denunciados por robo, hurto o extravío.
En otros siete equipos no pudo comprobarse el número de IMEI, mientras que los 19 restantes tenían identificadores habilitados para su utilización.
Qué es el IMEI y por qué lo modificaba
El IMEI es un código de identificación único que permite reconocer un teléfono celular.
La jueza explicó que se trata del número asignado globalmente a cada dispositivo, comparable con el documento de identidad de una persona.
En el caso investigado, las pericias permitieron comprobar que el condenado utilizaba herramientas informáticas para alterar o reemplazar esos códigos.
Berros sostuvo que el acusado tenía conocimiento de la procedencia ilegítima de los dispositivos y de la naturaleza ilegal de las maniobras.
“En todo momento tuvo en sus manos el dominio de toda la secuencia ilícita”, afirmó la magistrada al analizar la adquisición, modificación y posterior reventa de los teléfonos.
La condena y las obligaciones impuestas
El hombre fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de adquisición o utilización de terminales celulares a sabiendas de su procedencia ilegítima, agravado por el ánimo de lucro, y alteración o modificación de números de serie electrónicos o mecánicos, en concurso real.
La Justicia le impuso una pena de dos años y diez meses de prisión condicional, por lo que su cumplimiento quedó en suspenso, sujeto a las condiciones establecidas en la sentencia.
Entre las reglas de conducta, deberá realizar y aprobar el curso de Reparador de Electrodomésticos, dictado en la Escuela de Educación Técnica Nº 5, Centro de Formación Profesional Nº 2, ubicada en Almafuerte 2285 de Paraná.
También deberá acreditar su inscripción y aprobación ante el Juzgado de Ejecución. El incumplimiento podría derivar en la revocación de la condicionalidad de la condena.
Ordenaron decomisar celulares y equipos informáticos
La jueza dispuso el decomiso de los 32 teléfonos celulares incautados, siete tarjetas SIM, dos tarjetas micro SD, dos dispositivos utilizados para tareas técnicas de telefonía, dos tablets, tres netbooks del programa Conectar Igualdad y una notebook Lenovo.
La medida se fundamentó en que se trataba de objetos vinculados con los delitos investigados o utilizados para cometerlos.
Además, el condenado deberá afrontar la totalidad de las costas del proceso judicial.
Los agravantes y atenuantes considerados
Al determinar la pena, Berros valoró como agravantes la cantidad de celulares secuestrados, la organización de la actividad comercial clandestina y los conocimientos tecnológicos utilizados para modificar los dispositivos.
También consideró que el acusado contaba con capacidades técnicas que podrían haberse destinado a una actividad laboral legal.
Como circunstancias atenuantes, la magistrada ponderó que tenía 25 años al momento de los hechos, su nivel de escolaridad y la ausencia de antecedentes penales.
Finalmente, consideró proporcional la pena de dos años y diez meses de prisión condicional, teniendo en cuenta las características de los delitos y las circunstancias personales del condenado.