Recolección de residuos en Concordia fue el eje central de una nueva estrategia impulsada por la Municipalidad, que avanzó en la reorganización del sistema mediante un esquema mixto con concesión parcial en determinadas zonas. La medida fue anunciada como parte de una política integral orientada a mejorar la calidad del servicio, optimizar recursos y responder a una problemática que se agravó en los últimos años en la ciudad.

El nuevo modelo surgió a partir de un diagnóstico técnico que detectó falencias estructurales en el sistema actual. Entre ellas, se destacaron la falta de planificación integral, dificultades para medir los costos reales del servicio, el deterioro del parque automotor y un aumento sostenido de reclamos vecinales por irregularidades en la recolección.

En ese contexto, el secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, explicó que el objetivo central fue redefinir el funcionamiento del servicio. “Con este paso apuntamos a hacer más eficiente el servicio, mejorar la planificación, la definición de condiciones y el control. Lo que estamos haciendo es reorganizar cómo se presta, para que funcione mejor”, sostuvo.

Garantías laborales y reorganización interna

Uno de los aspectos clave del nuevo esquema fue la protección de los trabajadores municipales. Desde la gestión local se confirmó que la implementación del sistema mixto no implicó despidos ni pérdida de derechos laborales para el personal afectado.

Según se informó, parte de los empleados será reubicada en distintas áreas del municipio, con especial énfasis en el fortalecimiento de los servicios de Higiene Urbana. Esta redistribución se realizó respetando las condiciones laborales, los salarios y las categorías de cada trabajador, además de contemplar factores como la edad, la salud y la exigencia física de las tareas.

De esta manera, el municipio buscó compatibilizar la modernización del servicio con la estabilidad laboral, evitando conflictos y garantizando la continuidad de las fuentes de trabajo en el ámbito estatal.

Emergencia ambiental y respuesta sanitaria

La decisión de avanzar con este nuevo modelo se enmarcó en la Emergencia Ambiental declarada por el Concejo Deliberante, ante el crecimiento sostenido en la generación de residuos y la proliferación de microbasurales en distintos sectores de la ciudad.

En ese sentido, el cuerpo legislativo autorizó mediante ordenanza al Departamento Ejecutivo a concesionar el servicio de recolección de residuos. En una primera etapa, la contratación se realizará de manera directa y tendrá carácter transitorio, con una duración estimada de seis meses y alcance limitado a un sector específico del territorio.

El objetivo de esta medida fue dar una respuesta inmediata a una problemática que también presenta riesgos sanitarios, mientras se avanza hacia un proceso de licitación pública que permita consolidar el sistema a largo plazo.

“Esto no es solo un tema operativo, es un tema ambiental y sanitario. Necesitamos un sistema que esté a la altura de la ciudad que queremos, que cuide el ambiente y que dé respuestas concretas a los vecinos”, afirmó López.

Más eficiencia y control del servicio

Entre los principales objetivos de la reorganización del sistema de recolección de residuos en Concordia se destacaron la mejora en la eficiencia operativa, la incorporación de indicadores de gestión, una mayor previsibilidad en los costos y un uso más racional de los recursos públicos.

Además, el esquema mixto permitirá ampliar la cobertura territorial, reducir focos de contaminación y fortalecer los mecanismos de control por parte del municipio, que continuará siendo el responsable del servicio.

Finalmente, el funcionario remarcó que el cambio respondió a la necesidad de brindar respuestas concretas a los vecinos. “Lo que buscamos es que el servicio funcione mejor. Que el vecino tenga respuestas, que haya regularidad, que podamos controlar y evaluar. Y para eso necesitábamos cambiar el modelo”, concluyó.

Desde el municipio señalaron que este tipo de sistemas mixtos ya se aplican en otras ciudades, combinando la presencia del Estado con herramientas de gestión que permiten mejorar la prestación de servicios esenciales sin perder el control público.