REDACCIÓN ELONCE
El ciudadano uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años, fue trasladado este viernes desde Concordia a Gualeguaychú, en medio de un amplio operativo policial coordinado por fuerzas de seguridad de Entre Ríos y Córdoba.
Elonce registró el momento del procedimiento y accedió al patio interno de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde el acusado permanecerá alojado durante algunas horas antes de su traslado definitivo a la provincia mediterránea.
Laurta podría ser ubicado en un sector de detención transitoria al aire libre, con rejas y cámaras de vigilancia que permiten monitorear su permanencia de manera continua.
Se recordará que Laurta salió esposado de dependencias policiales de Concordia con chaleco antibalas y casco; se trata de una medida forma parte del protocolo de seguridad extrema dispuesto para los traslados de imputados de alto riesgo, dado el perfil de la causa y la gravedad de los delitos atribuidos.
El operativo contó con la participación de personal especializado, móviles de custodia y medidas de refuerzo en los accesos de la Jefatura para garantizar la seguridad del procedimiento
Detención transitoria y control permanente
Durante su estadía en la dependencia entrerriana, el imputado permanecerá bajo observación constante y sin contacto con otros detenidos. “En caso de lluvia, se dispuso un cuarto en el interior de la Sección Guardia Especial”, confirmaron fuentes consultadas por el periodista Elidelmar Otman para Elonce.
El acusado será trasladado por una comisión policial de la provincia de Córdoba, encargada de su derivación ante la Justicia cordobesa, donde deberá comparecer por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, Luna Giardina y Mariel Zamudio, hecho ocurrido días atrás en la ciudad de Córdoba.
Causas en curso
Laurta está imputado por tres crímenes: el doble femicidio en Córdoba y el homicidio criminis causa del remisero Martín Sebastián Palacio en Concordia, cometido días antes de su detención.
El hombre fue apresado el domingo pasado en un hotel de Gualeguaychú, donde se había refugiado junto a su hijo menor tras los crímenes.
Desde entonces, permanece bajo disposición judicial y será sometido a pericias psiquiátricas y psicológicas solicitadas por la fiscalía y la defensa para evaluar su estado mental y eventual imputabilidad.