La Procuración General de la Nación emitió un dictamen que podría modificar el rumbo judicial del conflicto laboral por los 237 choferes despedidos en Paraná. El organismo sostuvo que la Justicia Nacional del Trabajo no tiene competencia para intervenir en la causa impulsada por la seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) contra Transporte San José S.A.
El documento, firmado el 12 de mayo de 2026 en el expediente “Unión Tranviarios Automotor c/ Transporte San José SA UTE s/ acción de amparo”, recomendó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la causa quede radicada en el Juzgado del Trabajo Nº 4 de Paraná, publicó APF.
La controversia judicial se originó tras el cambio de concesionaria del transporte urbano, cuando la UTA Entre Ríos reclamó que la nueva empresa San José S.A. absorbiera a los 237 trabajadores que prestaban servicios en la ex Buses Paraná (la UTE que integraban ERSA Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL), invocando el principio de continuidad laboral previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.
La cautelar quedó bajo cuestionamiento
El sindicato había acudido al Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de Buenos Aires, que dictó una medida cautelar ordenando la incorporación transitoria de los empleados a Transporte San José S.A. Posteriormente, esa resolución fue confirmada por la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Sin embargo, San José promovió una inhibitoria ante la Justicia laboral entrerriana y la Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná declaró competente a la justicia provincial para intervenir en el amparo.
De esa manera se generó un conflicto de competencia entre tribunales de distintas jurisdicciones que ahora deberá resolver la Corte Suprema de la Nación.
Los argumentos de la Procuración
En el dictamen, la Procuración General sostuvo que el caso no presenta elementos suficientes para justificar la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo.
El procurador remarcó que la actividad laboral se desarrolla íntegramente en Paraná, que los trabajadores prestan servicios en esa ciudad, que las empresas involucradas están radicadas en Entre Ríos y que los contratos laborales fueron celebrados y ejecutados en la provincia.
Con esos fundamentos, el Ministerio Público concluyó que “no se advierte prima facie algún punto de contacto” que habilite la competencia del fuero nacional laboral.
El dictamen también cuestionó el argumento de la UTA respecto a una supuesta “naturaleza nacional” del conflicto por la intervención del Ministerio de Capital Humano y la posibilidad de medidas gremiales de alcance federal. Para la Procuración, el litigio conserva un carácter estrictamente local.
Qué puede pasar ahora
Aunque la Procuración no anuló la medida cautelar, el dictamen dejó planteado que, si el juez que la dictó carecía de competencia, la validez de esa resolución podría quedar comprometida.
El texto sostuvo que la competencia constituye un “presupuesto esencial de actuación judicial” y advirtió que un tribunal sin jurisdicción suficiente no puede imponer válidamente decisiones sobre el fondo del conflicto.
Finalmente, el dictamen marcó una señal institucional sobre los límites del fuero nacional laboral en conflictos sindicales de alcance local y reafirmó el criterio de que la competencia debe definirse por la naturaleza concreta y territorial de la relación jurídica debatida.