La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo reclamo de siete rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. La decisión corresponde a una causa independiente que los acusados habían impulsado contra la fiscal que investigó el asesinato y otros funcionarios judiciales, a quienes atribuían irregularidades durante las primeras actuaciones.
El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso al considerar que no contaba con fundamentación autónoma suficiente y que no cuestionaba adecuadamente los argumentos de la resolución apelada.
El fallo no implica una nueva revisión de las condenas por el homicidio, sino que resuelve una presentación vinculada con la denuncia penal contra funcionarios que intervinieron en la investigación.
Qué denunciaron los rugbiers condenados
El planteo había sido presentado por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.
Los siete cuestionaron las condiciones en las que se realizaron sus primeras declaraciones indagatorias, pocas horas después del asesinato de Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020.
Según sostenía la defensa, los detenidos no habían recibido información adecuada sobre los hechos que se les imputaban ni sobre las pruebas reunidas en su contra. También denunciaron supuestas irregularidades en la confección y firma de las actas.
Estos cuestionamientos formaron parte de la estrategia defensiva dentro del expediente principal, pero Tomei también decidió impulsar una denuncia penal independiente.
La presentación atribuía presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
La denuncia contra la fiscal y otros funcionarios
Entre las personas denunciadas se encontraban la fiscal Verónica Zamboni, quien estuvo a cargo de la investigación del asesinato; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; otros integrantes del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli.
La controversia comenzó en febrero de 2020, cuando Tomei cuestionó públicamente los procedimientos realizados durante las primeras indagatorias.
Uno de sus argumentos estaba relacionado con los horarios consignados en las actas. Según el abogado, algunas declaraciones figuraban registradas con diferencias de apenas minutos.
Para la defensa, esos intervalos no habrían permitido cumplir correctamente con las formalidades exigidas por la legislación procesal bonaerense, entre ellas informar los derechos de los detenidos y comunicarles las acusaciones.
En aquel momento, Tomei también solicitó apartar a Zamboni de la investigación, pero el pedido fue rechazado por el juez Mancinelli.
Cómo avanzó la causa hasta llegar a la Corte
La denuncia contra los funcionarios continuó su recorrido judicial de manera independiente al proceso por el asesinato. En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores reconoció a los rugbiers como particulares damnificados dentro de ese expediente, lo que les permitió intervenir formalmente en el trámite.
Sin embargo, la investigación no prosperó. La denuncia fue desestimada por ausencia de dolo y también se rechazaron declaraciones testimoniales y otras medidas probatorias solicitadas por la representación de los condenados.
Ante esa decisión, Tomei pidió una revisión ante el superior del fiscal, mediante el procedimiento previsto en el artículo 290 del Código Procesal Penal bonaerense. La resolución fue ratificada.
Posteriormente, el abogado acudió al juez Mancinelli, a quien recusó, y planteó la inconstitucionalidad del mecanismo de revisión utilizado.
La defensa argumentó que ese procedimiento impedía a sus representados ser escuchados por un juez imparcial. No obstante, tanto la recusación como el cuestionamiento constitucional fueron rechazados.
La decisión fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Más adelante, la Suprema Corte provincial rechazó un recurso de queja en agosto de 2025 y, en abril de 2026, denegó el recurso extraordinario que buscaba llevar la discusión al máximo tribunal nacional. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la presentación por deficiencias en su fundamentación.
Las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa
Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.
El joven había mantenido una discusión con un grupo de rugbiers dentro del establecimiento y posteriormente fue atacado a golpes en la vía pública.
El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, considerados coautores del homicidio.
En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.
El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación legal del delito.
Los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño descartaron la agravante de alevosía, pero mantuvieron la correspondiente al concurso premeditado de dos o más personas.
Un nuevo rechazo judicial
Desde la sentencia condenatoria, las defensas de los rugbiers presentaron diferentes recursos para cuestionar las decisiones adoptadas durante el proceso.
En abril de 2026, la Corte Suprema ya había rechazado otros planteos, entre ellos recursos vinculados con pedidos de nulidad y revisión extraordinaria.
La nueva resolución se refiere exclusivamente a la denuncia contra los funcionarios judiciales y no modifica las penas impuestas por el asesinato.
De esta manera, el máximo tribunal dejó sin efecto la posibilidad de continuar esta vía recursiva, mientras las condenas por el crimen de Fernando Báez Sosa permanecen sin cambios.