Un nuevo audio incorporado a la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a sacudir el escenario político y puso el foco en el financiamiento de un acto encabezado por Javier Milei en el Movistar Arena.
Según la investigación difundida por el periodista Raúl Kollmann, en la grabación se menciona el aporte de alrededor de 70 mil dólares por parte de empresarios vinculados al sector farmacéutico para cubrir gastos del evento realizado el 6 de octubre de 2025, donde el mandatario presentó su libro y participó de un show
musical.
El dato adquiere relevancia porque esos mismos actores aparecen mencionados en la causa judicial que investiga posibles retornos y sobreprecios en contrataciones dentro de la ANDIS, un organismo clave en la provisión de insumos para personas con discapacidad.
La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos a exfuncionarios, en los que se describía un esquema de presuntos sobornos vinculados a la adjudicación de contratos, con porcentajes de retorno sobre la facturación. En ese contexto, el posible financiamiento del acto político suma un nuevo capítulo a una trama que combina política, negocios y fondos públicos.
Desde el Gobierno nacional rechazaron las acusaciones en reiteradas ocasiones y las calificaron como operaciones políticas, mientras la investigación continúa en la Justicia sin resoluciones definitivas.
Avanza la causa judicial
En paralelo, la fiscalía solicitó nuevas indagatorias en el expediente. Entre los apuntados figuran Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, junto a más de 20 empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos.
De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con un esquema que incluía direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos ilegales en contrataciones que superaron los 75 mil millones de pesos.
Impacto en el sistema de salud
Los hechos adquieren especial gravedad por el tipo de insumos involucrados, como prótesis, implantes y equipamiento para personas con discapacidad, gestionados a través del programa Incluir Salud.
Según la fiscalía, este programa habría sido utilizado para canalizar recursos públicos hacia proveedores específicos mediante prácticas irregulares, afectando tanto al Estado como a sectores vulnerables que dependen de estas prestaciones.
Actualmente, la causa cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 involucrados adicionales, en una investigación que sigue escalando y que ya tiene impacto directo en el escenario político nacional.