El caso Andis incorporó nuevos datos sobre el circuito de compras de medicamentos e insumos durante la gestión de Diego Spagnuolo: empresas alcanzadas por la investigación judicial recibieron alrededor de $192.000 millones, equivalentes al 40% de los pagos analizados por una auditoría interna de la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad. Los números correspondieron a 2024 y al período de 2025 comprendido hasta el 21 de agosto.

El relevamiento determinó que la Andis desembolsó en ese lapso $479.500 millones por medicamentos e insumos. Una porción cercana a los $192.000 millones fue destinada a firmas que quedaron mencionadas en la investigación judicial o en informes oficiales que señalaron presuntas irregularidades y diferencias de precios.

La documentación fue incorporada al expediente que investigó una presunta asociación ilícita entre empresarios, intermediarios y funcionarios. La pesquisa estuvo a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo. Los señalamientos sobre sobreprecios surgieron de informes gubernamentales y de un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Suizo Argentina encabezó los pagos

Según el Anexo V de la auditoría, Suizo Argentina fue la empresa que más fondos recibió, con $108.200 millones correspondientes a la categoría “Pacbi Medicamentos”, vinculada con prestaciones de alto costo y baja incidencia. La cifra representó más de una quinta parte de todo el gasto auditado en medicamentos e insumos.

La compañía no apareció entre las firmas señaladas por presuntos sobreprecios en los informes administrativos mencionados, aunque quedó incluida en la investigación judicial por presunta asociación ilícita. Desde el entorno de la droguería de la familia Kovalivker rechazaron cualquier vinculación con las maniobras investigadas y aseguraron que sus actividades comerciales fueron desarrolladas de manera lícita.

En segundo lugar quedó Droguería Génesis, con $15.100 millones. Uno de los casos analizados por la PIA correspondió al Macitentan, medicamento utilizado para pacientes con hipertensión arterial pulmonar. En abril de 2025, una adquisición fue adjudicada a Génesis por $2.145.363,20 por unidad, mientras otro proveedor recibió en fechas prácticamente simultáneas una adjudicación del mismo medicamento por $464.508.

Las diferencias detectadas en medicamentos

Droguería Génesis rechazó ante la Justicia la hipótesis de un supuesto incremento irregular de precios y sostuvo que esa interpretación carecía de sustento. Las defensas de otros involucrados también cuestionaron las acusaciones.

En paralelo, el abogado de Pablo Atchabahian, señalado en el expediente como uno de los presuntos responsables de la organización investigada, anticipó que preparaba una declaración sobre el funcionamiento de las licitaciones.

Profarma, por su parte, recibió $11.500 millones. Entre las operaciones observadas apareció la adquisición de Burosumab por $45,1 millones por unidad, mientras que el mismo medicamento había sido comprado a otro proveedor por $25 millones. La PIA también puso el foco en los tiempos del procedimiento: entre el inicio y la apertura de ofertas de una de las compras transcurrieron apenas cinco horas y media.

Otro de los casos señalados correspondió a Neurosalud. Los informes remitidos a la Justicia compararon el precio pagado por la Andis por un neuroestimulador implantable con batería no recargable con la referencia del PAMI. La agencia abonó $132.465.000 en abril, mientras que el organismo previsional lo había adjudicado por $41,5 millones un mes antes. El documento calculó una diferencia del 219%.

Comparaciones con los precios del PAMI

También se analizaron operaciones de Farma Salud, que recibió $9.500 millones. Un informe oficial describió “desvíos notables” al comparar una compra de endoprótesis con valores abonados por el PAMI, publicó La Nación. Según el relevamiento, la adjudicación realizada por la Andis superó en más de 19 veces el precio utilizado como referencia.

En el caso de Droguería Floresta, que recibió $8.300 millones, uno de los documentos señaló que el precio promedio abonado por implantes cocleares Nucleus alcanzó los US$62.613 por unidad. Otro proveedor había facturado al Estado US$12.125, mientras que el propio informe consignó como referencia un precio de venta al público de US$16.975.

Indecomm, vinculada en la investigación con Miguel Calvete, percibió otros $8.000 millones. Un reporte oficial fechado en octubre de 2025 señaló además que la ex-Andis habría abonado dos veces una misma factura, identificada como B 00001-00000958.

El caso de New Farma

La auditoría contabilizó además $7.500 millones destinados a Droguería New Farma. La PIA volvió a detectar diferencias vinculadas con el Macitentan: según la documentación incorporada a la investigación, la firma llegó a vender una unidad por aproximadamente $8,29 millones, mientras que en procesos de compra más amplios el medicamento se adjudicaba por valores cercanos a los $500.000.

El reporte oficial también hizo referencia al allanamiento realizado en la sede de la compañía. Según el documento, el establecimiento se encontraba prácticamente vacío y tenía poca documentación, aunque los investigadores encontraron material relacionado con facturación a la Andis.

La documentación judicial detalló diferencias significativas en distintas adquisiciones de Macitentan. Para New Farma se calcularon variaciones superiores al 1.100% respecto de procesos utilizados como referencia, mientras que también fueron observadas operaciones adjudicadas a Profarma, Génesis y otras droguerías.

Insumos ortopédicos bajo análisis

Entre las restantes empresas mencionadas estuvieron Expo Trauma, con pagos por $5.800 millones; Ortopedia Bernat, con $4.300 millones; y Artrobone, con $3.900 millones. Las compañías aparecieron en un informe referido a adquisiciones de insumos ortopédicos, entre ellos sillas de ruedas y andadores.

Uno de los casos que llamó la atención de los auditores fue una factura correspondiente a un andador, para el cual se calculó un presunto sobreprecio del 4.239%.

Desde Ortopedia Bernat explicaron que se había presupuestado inicialmente un producto de mayor complejidad, pero finalmente se entregó uno más sencillo mientras el circuito administrativo continuó con el importe originalmente adjudicado. También señalaron que, al menos hasta mayo, esa factura permanecía impaga.

Las cifras y comparaciones forman parte de los elementos reunidos en una causa que buscó establecer cómo funcionaron las contrataciones de la Andis y si existió un esquema coordinado para direccionar adjudicaciones o incrementar precios, publicó La Nación.

Los montos señalados corresponden a auditorías e informes incorporados a la investigación y no implican por sí mismos una determinación de responsabilidad penal, cuestión que deberá resolver la Justicia.