La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un recurso de amparo contra las autoridades del INTI para exigir la nulidad de la Resolución 42/26, que establece la eliminación de más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la medida y sostuvo que el Gobierno actúa “al margen de la ley”, en lo que calificó como un intento de desmantelar el organismo.
“Las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo no pueden modificar funciones ni eliminar programas creados por ley. Se trata de una decisión ilegal que debe ser suspendida de inmediato”, afirmó el dirigente.
Desde el sindicato señalaron que la medida no solo afecta a los trabajadores del instituto, sino también a sectores productivos que dependen de sus servicios, especialmente pequeñas y medianas empresas que utilizan ensayos, asistencia técnica y desarrollos tecnológicos.
En la presentación judicial, la ATE advirtió que la resolución implica un “vaciamiento institucional” y forma parte de un proceso más amplio que, según indicaron, ya había sido objetado previamente por la Justicia.
El conflicto abre un nuevo frente entre el Gobierno y los gremios estatales, en medio de debates sobre el rol de los organismos técnicos y su impacto en el desarrollo industrial del país.