Un caso judicial generó debate en torno al uso de tecnología en la Justicia luego de que una sentencia fuera anulada por la intervención de inteligencia artificial en su redacción. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió revertir esa decisión y respaldó el accionar del juez, al considerar que no se probó una delegación indebida de la función jurisdiccional.
El hecho se originó en Esquel, donde un juez penal había condenado a un hombre a dos años y seis meses de prisión por robo simple. Durante la revisión del fallo, la Cámara Penal detectó una frase que no correspondía a los fundamentos judiciales.
Se trataba de un texto propio de una herramienta de inteligencia artificial que había sido incorporado al fallo. La presencia de esa frase motivó que los camaristas anularan la sentencia y el juicio de oficio.
El uso de inteligencia artificial y la nulidad del fallo
Al analizar el caso, la Cámara consideró que el juez había utilizado una herramienta externa para redactar parte de la resolución, lo que generaba dudas sobre la autoría del contenido.
Además, advirtieron que se habrían incorporado datos sensibles sin anonimizar y que se había solicitado a la inteligencia artificial elaborar un texto sin citas, lo que afectaba la fundamentación del fallo, según APF.
En ese contexto, los camaristas sostuvieron que no era posible determinar qué parte del texto correspondía al magistrado y cuál a la herramienta, lo que impedía garantizar la validez del razonamiento judicial.
La intervención del STJ y el criterio adoptado
Tras la nulidad, los fiscales recurrieron la decisión y el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia. Allí, el tribunal adoptó una postura distinta y resolvió revocar la anulación del fallo dictado por el juez.
El STJ explicó que lo relevante en una sentencia es su contenido y fundamentación, no las herramientas utilizadas durante su elaboración. “La constatación de que se utilizó una herramienta tecnológica como apoyo” no acredita por sí sola “la sustitución del juicio deliberativo”, señalaron.
En ese sentido, remarcaron que el proceso interno de elaboración de una sentencia forma parte de la esfera privada del magistrado, siempre que la decisión final sea fundada y atribuible al juez.