La reforma de la ley de concesiones en Entre Ríos generó cuestionamientos del bloque justicialista en el Senado provincial. El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Diego Conti, advirtió que el proyecto del oficialismo podría permitir que empresas privadas asuman la prestación de servicios esenciales del Estado.
Durante una reunión de comisión, de la que participó el secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor, el legislador presentó una propuesta alternativa para delimitar el alcance de la norma. Su objetivo es mantener la prohibición de concesionar funciones esenciales, pero permitir la contratación de servicios auxiliares.
"Lo que estamos discutiendo no es una simple reforma de una ley. Es dar vuelta la regla", sostuvo Conti. Según explicó, actualmente están excluidas de las concesiones áreas como educación pública, salud, seguridad, justicia y sistema penitenciario, mientras que la modificación permitiría concesionar esas actividades conservando formalmente la titularidad estatal.
Las diferencias sobre los servicios esenciales
El senador distinguió entre contratar prestaciones complementarias y transferir responsabilidades centrales del Estado. Mencionó como ejemplos los servicios de limpieza, mantenimiento de edificios, alimentación, lavandería y soporte técnico, que pueden resultar necesarios para el funcionamiento cotidiano de los organismos públicos.
"Otra cosa muy distinta es habilitar que la prestación sustantiva de la salud pública, la educación o la seguridad pueda quedar en manos de terceros", afirmó. También advirtió sobre las consecuencias que podría tener ese esquema en la organización de los servicios.
En particular, planteó interrogantes sobre la atención médica y la continuidad de tratamientos. "No estamos hablando de una cuestión administrativa, estamos hablando de derechos y de la responsabilidad del Estado sobre la salud de la población", remarcó.
Qué propone el bloque justicialista
La alternativa presentada por el PJ busca conservar la exclusión de las funciones esenciales del régimen de concesiones y aclarar que las obras, los bienes y los servicios auxiliares pueden contratarse mediante los mecanismos generales previstos para la administración pública.
"Traemos un texto que resuelve el problema que plantea el propio oficialismo", expresó Conti. Según indicó, la propuesta permitiría atender necesidades operativas sin modificar quién tiene a su cargo las prestaciones fundamentales.
El legislador también cuestionó que la titularidad estatal sea suficiente garantía. "Es cierto que el Estado puede seguir siendo el dueño en los papeles, pero al vecino no lo atiende el dueño, lo atiende quien presta el servicio", sostuvo.
El debate continúa en el Senado
La iniciativa oficialista propone modificar el artículo 5 de la Ley 11.280 y ya obtuvo media sanción de Diputados. El texto establece que el Estado conservará la titularidad y las facultades de regulación y fiscalización de los servicios esenciales, incluso cuando exista una concesión.
Desde el oficialismo argumentan que la reforma busca mejorar las herramientas de gestión, corregir vacíos normativos y facilitar la participación privada en obras e infraestructura pública. La oposición, en cambio, reclama límites expresos para impedir la delegación de prestaciones esenciales.
La discusión continuará en el Senado entrerriano, donde deberán analizarse las distintas propuestas antes de avanzar con una eventual modificación de la legislación vigente.