Sociedad

Acusan a un preso de liderar desde la cárcel una red que habría lavado hasta $800 millones

Pedro Morales Anisco, condenado por narcotráfico, será indagado por una causa de presunto lavado de hasta $800 millones. Además, la Justicia analizará un hábeas corpus por su régimen de aislamiento.

27 de Julio de 2026
La cárcel de Mendoza

Pedro Esteban Morales Anisco, un preso condenado por narcotráfico e imputado como presunto autor intelectual del intento de homicidio de una niña de 12 años en Mendoza, enfrentará esta semana dos instancias judiciales clave. Mientras la Justicia Federal avanzará con una audiencia por una investigación de presunto lavado de activos, la Justicia provincial analizará un hábeas corpus presentado por su defensa por las condiciones de detención.

 

El hombre cumple una condena unificada de 28 años y tres meses de prisión y es señalado por los investigadores como el supuesto líder de una organización que habría blanqueado entre 500 y 800 millones de pesos provenientes del narcotráfico y de una red dedicada a la comercialización de vehículos con documentación falsa.

 

La Justicia analizará un hábeas corpus

Uno de los expedientes en marcha se originó a partir de un hábeas corpus presentado por la defensa de Morales Anisco, que cuestionó el tiempo que permaneció bajo un régimen de aislamiento.

 

Según el planteo realizado por su abogado, el interno estuvo más de 100 días alojado bajo el régimen destinado a internos de Muy Alto Perfil (MAP), cuando el límite previsto sería de 90 días.

 

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el detenido fue trasladado el 1 de julio desde el sector de máxima seguridad del penal Almafuerte hacia la cárcel federal ubicada en Cacheuta.

 

Tras una audiencia realizada el viernes, la jueza Patricia Alonso resolvió solicitar informes al Servicio Penitenciario antes de decidir sobre el planteo.

 

Investigación por presunto lavado de activos

En paralelo, el próximo miércoles se desarrollará una audiencia en los Tribunales Federales de Mendoza para formalizar la prisión preventiva en una causa por presunto lavado de activos.

 

La investigación sostiene que la organización habría canalizado entre 500 y 800 millones de pesos mediante operaciones financieras y movimientos de dinero vinculados al narcotráfico y a maniobras de venta de automóviles con documentación adulterada.

 

La acusación será presentada por las fiscales federales María Gloria André y María Eugenia Abihaggle ante el juez Alberto Carelli, quien analizará las imputaciones contra los distintos sospechosos.

 

Más de 50 personas bajo investigación

Según la investigación, Morales Anisco habría dirigido la organización desde la cárcel con la colaboración de familiares, allegados y presuntos testaferros.

 

Los investigadores identificaron a más de 50 personas que habrían participado en distintos niveles de la estructura, entre ellas familiares, parejas, amigos, agentes penitenciarios y efectivos policiales.

 

La pesquisa incluyó el análisis de teléfonos celulares, billeteras virtuales y movimientos financieros para reconstruir la denominada "ruta del dinero".

 

De acuerdo con la acusación, algunas cuentas registraron movimientos millonarios y los investigadores también pusieron bajo la lupa bienes adquiridos, entre ellos vehículos e inmuebles.

 

También está imputado por el ataque a una niña

Además de la causa por lavado, Morales Anisco permanece imputado por el presunto intento de homicidio de una niña de 12 años ocurrido en abril en Godoy Cruz.

 

La Fiscalía de Homicidios sostiene que habría ordenado el ataque desde prisión como represalia contra otro detenido con quien mantenía diferencias vinculadas a actividades de narcotráfico.

 

La menor recibió varios disparos y sufrió heridas en una mano y en ambas piernas, aunque logró sobrevivir. Por ese expediente, el interno fue imputado como presunto autor intelectual del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

 

La Justicia deberá ahora avanzar en ambas investigaciones para determinar la responsabilidad del acusado y del resto de las personas señaladas como integrantes de la presunta organización. (Los Andes)

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