El gobierno de Entre Ríos emitió un comunicado en el que detalla el funcionamiento de la "Unidad de Compensación Económica", creada a partir del Decreto N° 1/2025, específicamente en su artículo 17.
Según el comunicado, el Artículo 17 de dicho decreto “no está destinado a funcionarios jerárquicos ni implica un aumento del gasto público”. Se precisa que esta normativa es una reglamentación dentro del marco de la Ley Provincial de Empleo Público N° 9755, y tiene como objetivo regular la figura del "personal de gabinete transitorio", que asiste a los funcionarios políticos en la gestión, pero cuya vinculación finaliza cuando el funcionario deja su puesto.
En el documento difundido, gobierno sostiene que con esta reglamentación se busca “ordenar y regular las designaciones de quienes asisten directamente a los funcionarios políticos” y evitar la expansión innecesaria del Estado. Además, se afirma que se trata de una “regulación clara y transparente del personal de gabinete” que no genera un incremento en el tamaño del Estado.
En cuanto a la transparencia, el gobierno destacó que el Decreto N° 1/2025 fue publicado oficialmente el 13 de enero en la página de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, lo que permite el acceso libre y público al contenido del mismo para ciudadanos y legisladores interesados.
Detalles del Decreto
El Decreto N° 1/2025 establece que la “Unidad de Compensación Económica está destinada al personal de gabinete, tal como lo contempla la Ley N° 9755”. En este marco, el decreto “faculta al secretario General de la Gobernación para distribuir las Unidades de Compensación Económica, las cuales se utilizarán exclusivamente para afrontar el pago del personal de gabinete nuevo”.
Se aclara que el personal de gabinete desempeñará funciones de asesoramiento o administrativas y su contrato finalizará al mismo tiempo que el funcionario al que asiste, sin perjuicio de que se pueda disponer la cancelación anticipada de la designación.
Regulación y Control
El gobierno enfatizó que los fondos asignados podrán utilizarse exclusivamente para la designación de personal de gabinete, y no podrán destinarse para incrementar salarios de funcionarios ya designados. Además, se establece un límite salarial para las designaciones, garantizando el control y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con la resolución reglamentaria, un ministro tendrá asignado un monto de hasta 6 millones de pesos para contratar personal de gabinete.
Finalmente, el gobierno aclaró que este decreto “no crea nuevos cargos, no aumenta el gasto público y no otorga recursos a funcionarios”. Se trata, según se indicó, de “una regulación del personal que asiste a los funcionarios políticos, y cuyo vínculo con el Estado se desvincula una vez que finaliza la gestión. De este modo, se evita engrosar la planta permanente del Estado”
