La Cámara de Diputados avanzó con un proyecto para incorporar la figura del “vandalismo rural” al Código Penal, que establece penas de hasta ocho años de prisión para determinados ataques contra la producción y la infraestructura agropecuaria.
La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO Martín Ardohain, obtuvo dictamen este martes durante un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Legislación Penal. De esta manera, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
El dictamen de mayoría recibió el respaldo de 41 de los 66 legisladores presentes, según informó la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado. Fue acompañado por La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales. Unión por la Patria y la izquierda presentaron dictámenes de minoría.
Qué penas establece el proyecto
El texto propone incorporar el artículo 150 bis al Código Penal, mediante el cual se castigaría con prisión de un mes a un año a quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a impedir el acceso.
Asimismo, contempla penas considerablemente mayores cuando existan daños contra la actividad productiva. En esos casos, establece entre dos y ocho años de prisión y multas de hasta 12 veces el valor del daño ocasionado.
La sanción alcanzaría a quienes destruyan o dañen el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de establecimientos agropecuarios. También comprendería ataques contra cereales u oleaginosas todavía no cosechados o almacenados posteriormente en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otras instalaciones.
Los argumentos a favor
Ardohain sostuvo durante el debate que “hablar de vandalismo rural es un tema muy caro a todo el interior del país. Debemos salir de una visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior profundo”.
El legislador explicó que la reforma busca penalizar el ingreso no autorizado a campos delimitados. “Entrar a un predio que esté cercado, que tenga un cartel, que tenga una tranquera; a partir de la sanción de esta ley va a ser un delito penal, con penas que van de un mes a un año de cárcel”, afirmó.
Además, indicó que el artículo 184 bis elevaría las penas hasta ocho años cuando, dentro de la propiedad, se produzcan daños materiales o sobre la actividad productiva.
Desde Provincias Unidas, Carlos Gutiérrez respaldó el dictamen y sostuvo que los artículos propuestos permitirían establecer “una precisión respecto del delito rural, que no está claramente tipificado en el Código Penal vigente”.
Cuestionamientos de la oposición
Desde Unión por la Patria, el diputado Ramiro Gutiérrez rechazó la iniciativa al considerar que podría superponerse con delitos que ya están contemplados por la legislación vigente.
“Es un proyecto inconveniente que no va a solucionar las cuestiones que la buena intención de quienes lo han presentado permitiría o intentarían solucionar”, expresó.
Además, advirtió que la propuesta podría generar una “duplicación normativa” y cuestionó las modificaciones planteadas sobre las escalas penales relacionadas con delitos que afectan a la producción agropecuaria.
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman también manifestó su rechazo y sostuvo que la iniciativa estaba orientada a reforzar la protección de grandes propiedades rurales.
Con el dictamen firmado, el proyecto quedó habilitado para ser incorporado al temario de una próxima sesión de la Cámara de Diputados, donde deberá obtener la aprobación del cuerpo para continuar su trámite legislativo. (NA)