Leonardo Javier Ruíz fue hallado culpable este viernes en un juicio por jurado popular llevado a cabo en la ciudad de Victoria. El veredicto se conoció tras una semana de audiencias que se desarrollaron en la sede local del Colegio de la Abogacía.

El jurado, compuesto por ciudadanos seleccionados mediante sorteo, declaró a Ruíz “culpable” del delito menor de lesiones leves en concurso real con hurto simple. La decisión fue adoptada por unanimidad, según informaron fuentes judiciales.

Una vez leído el fallo, el juez técnico que presidió el juicio, Dardo Tórtul, ordenó que el acusado permanezca en libertad hasta que se celebre la audiencia de cesura de pena.

El juicio y sus actores

El proceso judicial fue conducido por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, quien coordinó el desarrollo del debate oral ante la presencia del jurado. La acusación estuvo a cargo del fiscal Iván Yedro, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por las abogadas Natalia Smaldone y Agustina Quattrochi.

Por su parte, la querella particular estuvo representada por el abogado Horacio Agustín Grecco, quien actuó en nombre de la parte víctima.

La causa contra Ruíz incluyó dos hechos que fueron juzgados de manera conjunta: una agresión con resultado de lesiones leves, y un hecho de sustracción de bienes calificado como hurto simple. El tribunal consideró probados ambos episodios.

Una herramienta de participación ciudadana

La audiencia de cesura, donde se definirá la pena que deberá cumplir Ruíz, fue programada para el próximo lunes 30 de junio y tendrá lugar en los Tribunales de Gualeguay.

Este juicio representó el número 131 desde que se instauró el sistema de jurado popular en la provincia de Entre Ríos. El mecanismo, implementado para delitos con penas superiores a los 20 años o a solicitud de las partes, forma parte del nuevo paradigma de juzgamiento penal con participación ciudadana.

La modalidad busca garantizar mayor transparencia en el proceso y acercar la Justicia a la sociedad, permitiendo que ciudadanos comunes definan la culpabilidad o inocencia del acusado ante casos penales relevantes.