La investigación por los sobresueldos en la Armada Argentina comenzó cuando una teniente revisó los haberes de enero de 2026 y detectó suplementos salariales que no correspondían. La pesquisa interna identificó después 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto histórico de $981.148.567,88.
El primer hallazgo involucró a cinco agentes del Departamento Revista, el área encargada de preparar la liquidación de los salarios, según publicó Infobae. Como el responsable de la dependencia y otros dos superiores estaban ausentes, la oficial comunicó la novedad directamente a la Jefatura de Administración Financiera. En un principio, el episodio fue analizado como un posible error de carga.
Los cinco agentes devolvieron los importes percibidos y una primera revisión no encontró acreditaciones irregulares a nombre del jefe del departamento, el capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff. Sin embargo, que todos los beneficiarios trabajaran en el sector encargado de liquidar los haberes motivó la ampliación de los controles.
El hallazgo que modificó la investigación
La teniente continuó revisando acreditaciones de períodos anteriores y, entre el 19 y el 20 de agosto, encontró un pago destinado a María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff. La mujer no pertenecía a la Armada y no tenía una liquidación salarial que justificara la transferencia.
La aparición de una persona externa a la fuerza y vinculada con el responsable del Departamento Revista modificó el alcance de las actuaciones. Atanasoff fue relevado preventivamente, se restringió su acceso al área y personal de sistemas preservó los equipos utilizados para procesar y transmitir las órdenes de pago.
La Armada también apartó temporalmente de la transmisión de archivos a una agente civil que tenía acceso a las computadoras. La medida buscó resguardar la información y no implicó, por sí misma, una atribución de responsabilidad. El primer informe interno sobre el hallazgo fue elevado el 20 de agosto.
Cómo habría funcionado la maniobra
El Departamento Revista administraba la liquidación de los haberes de aproximadamente 24.500 personas, con movimientos mensuales que rondaban los $65.000 millones. Dentro de ese volumen, los pagos cuestionados representaban una proporción reducida, pero su reiteración durante más de tres años acumuló una cifra cercana a los $1.000 millones.
La maniobra investigada habría utilizado fondos que quedaban disponibles después del bloqueo de pagos por bajas, retiros, fallecimientos, cambios de destino u otras novedades. Esos remanentes debían regresar a la Tesorería de la Armada, pero una parte habría sido destinada a acreditaciones sin respaldo en liquidaciones legítimas.
La investigación estableció dos modalidades. En algunos casos se aumentaba el importe destinado a personas que ya cobraban haberes de la institución. En otros, se incorporaban cuentas bancarias de beneficiarios que no mantenían ninguna relación laboral o funcional con la Armada.
La vulnerabilidad de los archivos bancarios
Una vez terminada la liquidación, el sistema generaba archivos en formato TXT con los registros que debían enviarse al Banco Nación. Esos documentos podían abrirse y modificarse manualmente antes de su transmisión, una característica que habría permitido alterar montos o agregar beneficiarios.
Las modificaciones se realizaban, según la reconstrucción administrativa, después de los controles ordinarios sobre los salarios y antes del envío al banco. Las órdenes irregulares quedaban incorporadas entre miles de transferencias legítimas y, posteriormente, determinados registros eran restituidos a sus valores originales.
De esa manera, el dinero depositado podía ser superior al monto que luego aparecía en el recibo de haberes. La comparación entre las liquidaciones, las distintas versiones de los archivos y las confirmaciones bancarias permitió detectar las diferencias y reconstruir las operaciones.
Los beneficiarios identificados
La revisión alcanzó el período iniciado en julio de 2022, cuando Atanasoff asumió la conducción del Departamento Revista. En el mes anterior no se habían detectado operaciones con las mismas características, según la documentación examinada internamente.
Entre los 23 beneficiarios figuraron personal militar, empleados civiles y cuatro personas ajenas a la institución. Estas últimas recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del monto total investigado. Prieto apareció como la principal beneficiaria individual, con 46 pagos por $152.259.495,86.
Según la denuncia penal, Atanasoff reconoció durante las actuaciones administrativas que conocía las acreditaciones efectuadas a las cuatro personas externas y que las modificaciones se realizaban manualmente. También habría manifestado que decidía los destinatarios y los importes. Esas declaraciones y su alcance quedaron sujetos a la valoración judicial, mientras el oficial se presentó con un abogado para ejercer su defensa.
Diez militares bajo actuaciones disciplinarias
Dentro de los beneficiarios identificados había nueve uniformados en actividad: ocho capitanes de corbeta y un suboficial. Con Atanasoff, quedaron diez militares alcanzados por las actuaciones disciplinarias, aunque no todos pertenecían al Departamento Revista.
El 16 de septiembre, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, dispuso apartarlos de sus funciones e iniciar una instrucción por una falta considerada “gravísima”. La medida fue adoptada después de la finalización de la pesquisa administrativa y de la presentación de la denuncia penal.
El procedimiento se desarrolló bajo la Ley 26.394, que regula el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Una falta gravísima podía derivar en la destitución, con la pérdida del grado y la baja definitiva, pero esa sanción no era automática: cada involucrado debía conocer la acusación, ejercer su defensa, presentar pruebas y recibir una resolución fundada.
Cuánto dinero fue recuperado
Hasta la presentación de la denuncia se habían restituido $42.574.267,63. Sobre el monto histórico de $981.148.567,88, quedaba una diferencia de $938.574.300,25. Las autoridades consideraron que las devoluciones permitían establecer cuánto dinero se había recuperado, pero no resolvían las responsabilidades individuales.
La investigación interna concluyó su primera etapa el 14 de septiembre. Al día siguiente, el jefe de Administración Financiera de la Armada formalizó la denuncia y entregó a la Justicia la documentación reunida, los registros bancarios y los equipos informáticos preservados.
El fiscal federal Ramiro González impulsó la causa y solicitó al juez Sebastián Ramos los legajos de los involucrados, la nómina del personal que trabajó en el Departamento Revista y documentación complementaria del Banco Nación. También pidió una pericia sobre las computadoras para determinar qué usuarios accedieron a los archivos y cuándo se realizaron las modificaciones.
Una causa penal con 24 personas investigadas
La pesquisa judicial comprendió inicialmente a 24 personas. La diferencia respecto de los 23 beneficiarios se debió a que Atanasoff fue señalado como posible responsable del mecanismo, aunque no apareció como receptor directo de los pagos detectados.
La Justicia debía establecer si el oficial había actuado solo o si otras personas participaron en la preparación, modificación, control y transmisión de los archivos. También debía determinar qué ocurrió con el dinero después de las transferencias y qué grado de conocimiento tuvo cada beneficiario.
La investigación penal y el procedimiento disciplinario avanzaron por vías independientes. Mientras la Justicia debía determinar si se cometieron delitos, la Armada quedó a cargo de resolver las posibles faltas internas. Hasta la conclusión de ambos procesos, las personas mencionadas conservaron sus garantías de defensa y la presunción de inocencia.