El Ministerio de Seguridad de Entre Ríos realizó este miércoles una nueva quema de estupefacientes secuestrados en diferentes procedimientos vinculados con causas por delitos federales y narcomenudeo. La incineración se desarrolló en instalaciones de la Dirección General de Delitos Rurales, en La Paz, y permitió dar cumplimiento a 160 oficios judiciales.
En total, fueron destruidos 28.169,89 gramos de marihuana y 5.176,6 gramos de cocaína, lo que representó más de 33 kilos entre ambas sustancias. También se incineraron 359 pastillas, 208 plantas de cannabis y 91 semillas de cannabis sativa.
El procedimiento incluyó, además, la destrucción de 23 troqueles de LSD, 0,8 gramos de heroína y 7,2 gramos de cristal. Las sustancias y demás elementos estaban distribuidos en 157 efectos contenidos en siete cajas.
El procedimiento de incineración
La actividad fue encabezada por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y se llevó adelante por orden de las autoridades judiciales que intervinieron en las diferentes causas.
También estuvieron presentes el intendente de La Paz, Walter Martin; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; y el director general de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore.
Los estupefacientes habían sido incautados en distintos operativos e investigaciones desarrollados por la Policía provincial y fuerzas federales, con intervención de la Justicia.
“Droga que se encuentra es droga que se analiza y se quema”
Durante el procedimiento, Roncaglia se refirió al proceso que antecedió a la destrucción de las sustancias. “Desde que iniciamos la gestión remarcamos nuestra premisa en relación al delito del tráfico de drogas y dejamos en claro que en Entre Ríos no hay lugar para el narcotráfico”, expresó.
“Droga que se encuentra es droga que se analiza y se quema. Hoy acá vemos la última etapa, pero hay un proceso anterior, una investigación que hace la Policía de la provincia y de fuerzas federales, allanamiento y secuestro; siempre con la colaboración de la Justicia”, agregó el ministro.
La quema representó la instancia final para la destrucción de los elementos probatorios secuestrados en las distintas investigaciones, una vez cumplidos los procedimientos y las órdenes judiciales correspondientes.