Cautelar por denuncia de adicionales policiales. Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía de Entre Ríos tras una denuncia penal presentada por un grupo de efectivos, quienes señalaron posibles maniobras de malversación de fondos vinculadas a los servicios adicionales.
La presentación judicial puso bajo la lupa a la División 911 y Videovigilancia, así como a sus máximas autoridades, en un caso que fue calificado por los denunciantes como de “extrema gravedad institucional”.
En ese marco, el jueves 30 la Fiscalía avanzó con la primera medida de prueba al secuestrar documentación en soporte papel y digital en la sede de la División 911, en Paraná.
Protección a los denunciantes
En la causa que investiga la denuncia de un grupo de policías de la División 911 de Paraná sobre el desvío de fondos destinados a horas adicionales, el juez de Garantías, Julián Vergara, dictó una medida cautelar en la que prohíbe cualquier acto administrativo contra los denunciantes.
La medida había sido solicitada por la Fiscalía a cargo de Gonzalo Badano, a instancias de lo planteado por los efectivos que denunciaron un “sistema de recaudación ilegal”.
Los policías acusaron a funcionarios de la fuerza de una presunta maniobra de malversación de fondos vinculados a los servicios adicionales que cumplen los uniformados. Los denunciantes solicitaron resguardar sus identidades y reclamaron garantías para evitar posibles represalias dentro de la institución.
Cabe recordar que el 30 de abril “se diligenció una orden de presentación de documental” en la sede del 911 en las Cinco Esquinas de Paraná. En ese contexto, participó personal de Fiscalía y desde el área requerida “entregaron prueba documental y digital” vinculada a la causa.
Lo que dispuso el juez Vergara
El viernes pasado, el juez Vergara resolvió hacer lugar al pedido del fiscal y dictó la medida dirigida al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, que dispone la “prohibición de ordenar, promover, o ejecutar cualquier acto administrativo que implique una alteración en las condiciones de revista, traslados de destino, cambios de turno, pérdida de adicionales o cualquier medida disciplinaria que no cuente con sustento técnico y legal previo sobre los denunciantes”.
También, la “prohibición de realzar actos de hostigamiento, vigilancia o intromisión por parte de la autoridad policial en el ámbito laboral y/o personal de los denunciantes y sus familias”, dio a conocer Análisis Digital.
La medida cautelar tendrá vigencia por el plazo de 90 días “y bajo apercibimiento de que ante su incumplimiento se ordenará su inmediata detención, lo que podría configurar el delito de desobediencia judicial”, resolvió el magistrado.