La presión tributaria sobre las PyMEs argentinas comprende al menos 62 obligaciones anuales, distribuidas entre 34 impuestos y 28 regímenes de retención, percepción e información. Así lo reveló un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que advirtió sobre las dificultades administrativas y financieras que enfrenta el sector.
El estudio, denominado Vademécum tributario argentino de PyMEs 2026, identificó los tributos nacionales, provinciales y municipales que pueden alcanzar a una pequeña o mediana empresa, además de los procedimientos exigidos para cumplir con las obligaciones fiscales.
Aunque el relevamiento registró una disminución respecto del año anterior, los especialistas señalaron que la cantidad de impuestos y trámites continúa representando un desafío para la competitividad empresarial, especialmente por los recursos necesarios para administrar su cumplimiento.
Cuáles son los impuestos que deben afrontar las PyMEs
De los 34 tributos identificados, 16 corresponden al ámbito nacional. Entre ellos se encuentran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias para sociedades, el Impuesto al Cheque, los derechos de importación y exportación y las contribuciones patronales.
En las provincias se contabilizaron ocho impuestos, entre los que sobresalen Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos. A nivel municipal, el informe identificó otros diez tributos, incluidos los vinculados con inspección, seguridad e higiene, publicidad y propaganda.
Para elaborar el relevamiento, se tomó como referencia una PyME constituida como sociedad de responsabilidad limitada, con empleados, establecimiento propio, vehículos y equipamiento tecnológico, que realiza operaciones bancarias, importa insumos y exporta parte de su producción.
Qué impuestos y regímenes se eliminaron
En comparación con 2025, la cantidad de tributos contemplados disminuyó de 37 a 34. La reducción respondió a la eliminación de impuestos internos sobre seguros y telefonía celular, además de un cambio metodológico que excluyó una tasa aplicable a actividades específicas.
Los regímenes de retención, percepción e información también bajaron, de 30 a 28. Sin embargo, el informe aclaró que solo una de esas modificaciones representó una reducción generalizada de obligaciones: la eliminación del régimen relacionado con el Impuesto PAIS.
La otra modificación correspondió a un régimen exclusivo de las escribanías, por lo que su eliminación no tuvo efectos sobre la mayoría de las pequeñas y medianas empresas.
Advierten por costos administrativos y saldos a favor
El IARAF y la CAC identificaron dos problemas principales derivados de la multiplicidad de regímenes administrativos. El primero es el costo que implica destinar personal, tiempo y recursos para realizar presentaciones periódicas y evitar sanciones por incumplimientos formales.
El segundo está relacionado con la acumulación de saldos a favor, generados cuando las retenciones y percepciones superan las obligaciones tributarias efectivas de las empresas.
Según el informe, las demoras y dificultades burocráticas para recuperar esos fondos provocan una inmovilización de recursos financieros. Esta situación puede afectar la liquidez y, en la práctica, incrementar la carga tributaria efectiva.
El relevamiento concluyó que, pese a la disminución de algunas obligaciones, la complejidad del sistema impositivo continúa condicionando el funcionamiento de las PyMEs argentinas.