El megaproyecto de salmonicultura en Malvinas abrió una fuerte controversia entre los habitantes del archipiélago, donde un grupo de residentes reclamó la realización de un referéndum para decidir si se permite instalar granjas destinadas a producir hasta 50.000 toneladas de salmón por año. La discusión enfrentó las expectativas económicas con las advertencias sobre posibles consecuencias ambientales.

Según informó el diario británico The Guardian, la iniciativa corresponde a Unity Marine, una sociedad conformada por la pesquera local Fortuna y la compañía danesa F-land ApS. El proyecto contempla desarrollar la actividad en 16 ubicaciones y, de concretarse en su máxima escala, constituiría el mayor emprendimiento industrial costero realizado en las islas.

La magnitud económica también quedó reflejada en una evaluación encargada por el gobierno isleño. El estudio estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría aportar unos 35 millones de libras esterlinas por año —casi 48 millones de dólares—, equivalentes al 11% del PBI del territorio, además de crear alrededor de 133 puestos de trabajo.

Reclaman que la población decida en un referéndum

Frente a esas proyecciones, la organización Salmon Free Falklands (SFF), integrada por residentes contrarios al emprendimiento, reclamó que la decisión sea sometida a votación. “Entonces será la gente la que decida qué ocurre en su propio país”, afirmó la activista Sally Poncet al medio británico.

La organización cuestionó especialmente la información utilizada para evaluar el posible impacto de la salmonicultura. Poncet sostuvo que parte de los estudios encargados por las autoridades se basaron en datos aportados por Unity Marine que, según afirmó, no podían verificarse de manera independiente.

Entre las principales preocupaciones aparecieron los residuos generados por la cría intensiva de peces y sus eventuales efectos sobre los bosques de algas, las zonas de desove de calamares y otras especies. Las aguas que rodean las Malvinas albergan poblaciones de lobos y elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos.

Cuestionamientos a los estudios ambientales

Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental australiana y asesora de SFF, cuestionó los documentos elaborados durante el procedimiento y afirmó que eran “casi carentes de valor”. Entre sus objeciones mencionó la falta de una determinación científica rigurosa sobre la cantidad de peces que podría soportar el ecosistema.

“La capacidad de carga todavía no fue determinada mediante un proceso científico riguroso”, sostuvo. Además, advirtió que no fueron calculados los eventuales costos regulatorios y ambientales, por lo que consideró que los habitantes no disponían de un análisis integral para tomar una decisión informada.

Tom Appleby, jefe de asuntos legales de Blue Marine Foundation, también planteó reparos sobre la calidad de los datos empleados. El especialista consideró “extraordinario” que se presentaran informes sin información primaria verificada independientemente y sostuvo que las numerosas aclaraciones sobre las fuentes terminaban debilitando sus conclusiones.

Qué respondió el gobierno isleño

Las autoridades locales afirmaron que mantenían una posición neutral y aseguraron que no estaban ni a favor ni en contra de la salmonicultura. Explicaron que los estudios encargados tenían como finalidad aportar elementos para discutir distintos escenarios y no significaban una autorización para ejecutar un proyecto determinado.

También señalaron que el informe sobre capacidad de carga pretendía mostrar cómo funcionaría un eventual proceso de modelización, pero no establecer cuánta producción podrían soportar efectivamente las aguas de las islas. Sobre los costos regulatorios, indicaron que todavía no podían calcularse con precisión.

La controversia tenía un antecedente directo en 2022, cuando las autoridades habían rechazado la instalación de una granja salmonera. Unity Marine promovió posteriormente una revisión judicial al considerar que debía haberse realizado previamente una consulta general. Un acuerdo terminó anulando aquella resolución y abrió el actual proceso de participación pública.

La empresa defendió el proceso de evaluación

James Wallace, director gerente de Fortuna, sostuvo que Unity Marine no había solicitado una licencia inmediata para comenzar a producir, sino que había permitido que las autoridades dispusieran del tiempo necesario para estudiar la viabilidad económica, social y ambiental de una industria salmonera a gran escala.

El empresario señaló que el proceso permanecía en una etapa de investigación y destacó la realización de consultas públicas y la difusión de informes preliminares. “Esperamos que un proceso de decisión informado sobre si la salmonicultura a gran escala es adecuada para las Islas Malvinas incluya una evaluación de impacto ambiental sólida”, manifestó.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. Mientras continúa el procedimiento, Salmon Free Falklands busca que la definición final sea sometida a un referéndum entre los aproximadamente 3.500 habitantes del archipiélago, en medio de una discusión que combina inversiones, generación de empleo, protección ambiental y el futuro productivo de las islas.