El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales del país, luego de detectar un deterioro significativo en sus indicadores de solvencia. La decisión implicó la suspensión de sus operaciones y restricciones temporales para acceder a depósitos, en una entidad que cuenta con aproximadamente tres millones de clientes.

La medida también alcanzó a recursos depositados por organismos estatales y entidades previsionales, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS). La situación generó preocupación entre ahorristas y jubilados, mientras las autoridades comenzaron a evaluar los mecanismos para recuperar los fondos.

En medio de la crisis, el presidente paraguayo, Santiago Peña, solicitó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y anunció gestiones legislativas para acelerar la devolución del dinero. El mandatario sostuvo que el problema correspondía a una entidad particular y no comprometía al conjunto del sistema financiero nacional.

Por qué el Banco Central intervino Ueno Bank

La intervención se produjo después de que el organismo regulador constatara que el índice de solvencia del banco había descendido por debajo del 50% del mínimo exigido. Según la información difundida, el deterioro quedó expuesto tras una serie de ajustes en los estados financieros realizados durante un proceso de regularización.

Ante ese escenario, el Banco Central inició un procedimiento de resolución destinado a determinar la situación patrimonial de la entidad, preservar sus activos y establecer cómo se atenderán las obligaciones con los depositantes.

La decisión implicó la suspensión de los servicios bancarios. Los clientes reportaron dificultades para utilizar la aplicación, operar con tarjetas y efectuar transferencias, mientras los interventores comenzaron a revisar los activos y pasivos del banco.

Qué pasará con los depósitos y ahorros de los clientes

Uno de los principales interrogantes se concentró en la recuperación del dinero depositado. El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay contempla una cobertura equivalente a 75 salarios mínimos por persona y entidad financiera.

En este caso, el monto garantizado asciende a 228.300.000 guaraníes por depositante, una cifra equivalente a aproximadamente 38.000 dólares, según las estimaciones difundidas.

De acuerdo con los datos preliminares, alrededor del 97% de los depositantes tendría la totalidad de sus ahorros comprendida dentro de esa cobertura. Sin embargo, quienes mantuvieran saldos superiores dependerían del resultado del procedimiento de resolución para determinar cuánto dinero podrían recuperar.

El Banco Central dispone de un plazo inicial de 15 días para efectuar la devolución de los depósitos garantizados, con la posibilidad de extenderlo por otros 15 días.

Preocupación por los fondos de jubilados y organismos públicos

La situación adquirió especial relevancia debido a la exposición financiera del Instituto de Previsión Social, que mantenía inversiones y depósitos en Ueno Bank.

También quedaron bajo revisión recursos pertenecientes a otras cajas jubilatorias y organismos vinculados con la administración pública paraguaya.

Frente a este escenario, el Gobierno anunció que impulsaría un proyecto de ley para facilitar la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos y acelerar los pagos a los afectados.

La iniciativa también buscaría garantizar la recuperación de los recursos previsionales y de otras instituciones estatales que mantenían fondos en la entidad intervenida.

“Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios”, expresó Peña mediante su cuenta de X.

Los vínculos entre Ueno Bank y el presidente Santiago Peña

La crisis financiera también provocó cuestionamientos políticos por la relación que el mandatario mantuvo con el Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controla Ueno Bank.

Peña había tenido vínculos comerciales con ese grupo hasta marzo de 2025. Sin embargo, desde la entidad financiera sostuvieron que el presidente nunca había sido accionista ni inversor directo del banco.

Otro de los puntos cuestionados fue la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central, debido a que anteriormente había ocupado cargos de conducción en Ueno.

Su nombramiento había generado críticas por un posible conflicto de intereses. Ante esos cuestionamientos, la autoridad monetaria aseguró que Carvallo se había apartado de las decisiones relacionadas con la entidad.

Tras el pedido presidencial, el funcionario confirmó que había firmado su renuncia, aunque permanecería provisoriamente en funciones para supervisar el procedimiento.

“Mi renuncia está firmada de antemano por la simple razón de que el BCP necesita tranquilidad para hacer su trabajo”, explicó.

Investigan préstamos a empresas vinculadas con los propietarios

La investigación también se concentró en presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a compañías relacionadas con el grupo empresarial propietario de Ueno Bank.

Según explicó Carvallo, las primeras observaciones surgieron durante junio, cuando los supervisores detectaron operaciones que podrían haber incumplido las restricciones aplicables a los préstamos entre empresas vinculadas.

Posteriormente, las revisiones identificaron otras inconsistencias en la documentación crediticia y dificultades relacionadas con determinados servicios informáticos. Las autoridades anunciaron que evaluarían posibles responsabilidades administrativas y penales.

La crisis también derivó en actuaciones judiciales contra directivos de la entidad. Según informó la agencia EFE el 4 de noviembre, siete directivos habían sido detenidos en el marco de la investigación.

La oposición impulsa un juicio político contra Santiago Peña

Las consecuencias de la intervención trascendieron el ámbito financiero. Legisladores opositores anunciaron que promoverían un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Desde el Bloque Democrático cuestionaron la exposición de fondos estatales en Ueno Bank y reclamaron que se investigaran las decisiones de las autoridades responsables de la supervisión bancaria.

La senadora Esperanza Martínez planteó la necesidad de ampliar las denuncias para determinar si existieron responsabilidades políticas en la asignación de recursos públicos a la entidad.

Además, los legisladores anunciaron presentaciones ante el Ministerio Público contra integrantes del directorio del Banco Central y administradores de Ueno Bank, con el objetivo de investigar posibles irregularidades.

El procedimiento de juicio político deberá iniciarse en la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios para aprobar la acusación. Posteriormente, el Senado actuaría como tribunal.