La diputada nacional Blanca Osuna cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el remate de tierras públicas que estaban destinadas a la construcción de viviendas del programa PROCREAR, en un contexto que definió como de “fuerte emergencia habitacional”.
En su columna de opinión, la legisladora planteó que mientras miles de familias no lograron acceder a un alquiler ni a una vivienda propia, el Ejecutivo resolvió “entregar al mercado terrenos que estaban pensados para políticas habitacionales”, bajo el argumento de ordenar los activos del Estado.
Según expuso, estas decisiones impactaron de manera directa en zonas urbanas estratégicas que habían sido planificadas para el desarrollo de soluciones habitacionales.
Osuna remarcó que en Paraná cerca de 50.000 metros cuadrados de tierras públicas fueron reconvertidas en un negocio inmobiliario valuado en más de un millón de dólares. A su entender, esta operatoria representó un cambio de destino de suelo que tenía como objetivo garantizar el derecho a la vivienda, en favor de emprendimientos privados.
El rol del Estado y el derecho a la vivienda
En su análisis, la diputada sostuvo que el acceso a una vivienda digna “no es un privilegio, sino un derecho” y subrayó que el Estado tiene una responsabilidad indelegable en la implementación de políticas públicas que lo hagan efectivo. En ese sentido, recordó que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra este derecho y obliga a los gobiernos a protegerlo y promoverlo.
“La tierra pública no es un activo financiero”, afirmó Osuna, al cuestionar la lógica de mercado aplicada sobre terrenos que estaban destinados a resolver una problemática social estructural. En su visión, la ausencia de políticas habitacionales, sumada a salarios deteriorados y alquileres elevados, agravó la situación de las familias trabajadoras.
Cuestionamientos a las gestiones nacional y provincial
La legisladora apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio, a quienes responsabilizó por abandonar políticas de vivienda y habilitar negocios que, según indicó, benefician a unos pocos.
En ese marco, recordó el paso de Frigerio por el gobierno nacional durante la gestión de Mauricio Macri, cuando —según expresó— se impulsaron ventas de terrenos estatales a valores bajos. Osuna mencionó que esas maniobras derivaron en causas judiciales que luego fueron cerradas en el ámbito federal.
Para la diputada, el desmantelamiento del PROCREAR y el remate de tierras públicas no implicaron una modernización del Estado, sino una renuncia a garantizar derechos y una profundización de las desigualdades sociales.