El plazo de dos semanas que Argentina concedió al Reino Unido para frenar las actividades del proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, venció el lunes 12 de octubre. La Cancillería prepara ahora una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.
La presentación está prevista para esta semana, aunque no tiene una fecha pública confirmada. Su objetivo es obtener restricciones al desarrollo del emprendimiento mientras se tramita un arbitraje internacional.
El vencimiento de la intimación no detiene por sí mismo el proyecto. Tampoco una presentación argentina produciría una suspensión automática: el Tribunal deberá evaluar si corresponde intervenir y qué medidas podría disponer.
El pedido urgente y el arbitraje son actuaciones diferentes
El 28 de septiembre, Javier Milei instruyó a la Cancillería a iniciar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El canciller Pablo Quirno anunció entonces que había notificado a Londres el inicio del arbitraje.
Esa instancia contempla la conformación de un tribunal de cinco integrantes para resolver la controversia de fondo. Antes de que quede constituido, Argentina busca acudir al Tribunal del Mar mediante el mecanismo de medidas provisionales del artículo 290.5.
Los jueces deberán considerar la competencia preliminar del futuro órgano arbitral y la urgencia del pedido. Pueden conceder las medidas, rechazarlas o adoptar otras distintas; las que dispongan serán obligatorias para las partes.
Qué busca plantear Argentina y qué queda por resolver
El reclamo no pretende que el Tribunal decida la soberanía de Malvinas, sino que examine obligaciones vinculadas con el medio marino y sus recursos. La estrategia argentina apunta a evitar cambios que puedan resultar irreversibles antes de una resolución sobre el fondo.
La Cancillería conduce la gestión, con intervención de su Consejería Legal Internacional y trabajo jurídico de la Procuración del Tesoro. Todavía deben completarse las instrucciones a los abogados y definirse si se incorporará asesoramiento externo.
El plazo del ultimátum también debe distinguirse del requisito procesal de la CONVEMAR. El artículo 290.5 contempla dos semanas desde la notificación de una solicitud de medidas provisionales si las partes no acuerdan el tribunal competente; su cómputo depende del contenido de las comunicaciones diplomáticas.
El avance del proyecto petrolero
Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas y todavía no comenzó la producción comercial. Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto y Rockhopper Exploration, el 35% restante; ambas mantienen como objetivo iniciar la extracción en el primer trimestre de 2028.
La primera fase prevé once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027, mientras las compañías continúan comprometiendo inversiones.
El Reino Unido sostiene que las actividades se ajustan a las normas aplicables en las islas y al derecho internacional. Argentina deberá fundamentar su pedido bajo la CONVEMAR, y la eventual decisión sobre medidas provisionales seguirá un procedimiento separado del arbitraje de fondo.