Lula da Silva iniciará su cuarto mandato en Brasil en enero de 2027 con cinco desafíos económicos principales: controlar el crecimiento de la deuda pública, reducir la inflación, aliviar el endeudamiento de las familias, negociar con una oposición fortalecida en el Congreso y completar la implementación de la reforma tributaria.
El presidente reelecto, que derrotó a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral, enfrentará un escenario marcado por indicadores económicos favorables, como el bajo desempleo y la recuperación de los salarios, pero también por dificultades fiscales y financieras que condicionarán las decisiones de su próxima gestión.
Entre los principales problemas aparecen el aumento de los gastos obligatorios del Estado, las elevadas tasas de interés y las dificultades de millones de hogares y empresas para cumplir con sus compromisos financieros. A estos factores se suma una nueva composición del Congreso, donde los sectores conservadores ampliaron su representación.
Uno de los principales desafíos del próximo gobierno será contener el crecimiento de la deuda pública brasileña, que aumentó más de diez puntos porcentuales durante la actual administración de Lula y superó el 82% del Producto Interno Bruto (PIB).
El incremento del endeudamiento elevó los costos de financiamiento del Estado. Al mismo tiempo, los gastos obligatorios representan una proporción creciente del presupuesto federal y dejan menos del 8% de los recursos disponibles para partidas que pueden modificarse.
El equipo económico del mandatario anticipó que buscará mantener las reglas presupuestarias vigentes, que establecen límites al crecimiento del gasto y objetivos de resultado primario. También dejó abierta la posibilidad de introducir condiciones más estrictas para ordenar las cuentas públicas.
Sin embargo, el cumplimiento de esas metas estará condicionado por los compromisos asumidos en materia de ingresos y prestaciones sociales. Entre ellos se encuentran los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, que también repercuten sobre el gasto previsional, y la ampliación de programas de asistencia.
La inflación y las tasas de interés
Otro de los desafíos será reducir la inflación, que se ubica en el 4,6% anual, por encima del límite de tolerancia del Banco Central de Brasil, establecido en el 4,5%.
Aunque la autoridad monetaria aplicó en septiembre su quinto recorte consecutivo de tasas, el costo del dinero continúa elevado. La tasa de referencia se mantiene en el 13,75%, un nivel que afecta las condiciones de financiamiento de empresas y consumidores.
Las proyecciones del mercado indican que la inflación podría permanecer por encima de la meta oficial del 3% durante los próximos años, incluso hasta 2029.
La administración de Lula plantea que una mayor disciplina fiscal permitiría generar condiciones para reducir las tasas de interés sin afectar los programas sociales. No obstante, distintos economistas consideran que una disminución más acelerada del costo financiero requeriría ajustes adicionales del gasto público.
Millones de brasileños tienen deudas atrasadas
El endeudamiento de las familias y las empresas constituye otro de los problemas económicos que deberá abordar el próximo gobierno.
Según datos de la agencia de información crediticia Serasa, casi 84 millones de brasileños y 9,3 millones de empresas registran pagos atrasados. Las cifras representan niveles récord y se vinculan con las dificultades para afrontar compromisos financieros en un contexto de tasas elevadas.
La situación contrasta con otros indicadores de la economía brasileña, como los bajos niveles de desempleo y los aumentos salariales superiores a la inflación.
Para atender este problema, Lula prepara medidas destinadas a aliviar las obligaciones financieras. Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la compra con descuento de préstamos hipotecarios problemáticos y la condonación de determinadas deudas tributarias de pequeños empresarios.
El Gobierno también mantuvo conversaciones con el Banco Central para evaluar mecanismos que permitan limitar el uso excesivo de créditos de alto costo, especialmente tarjetas de crédito y préstamos personales sin garantía. Hasta el momento, no se presentó una propuesta definitiva.
Un Congreso con mayor presencia conservadora
La composición del Congreso brasileño será otro factor determinante para la política económica del cuarto mandato presidencial.
Las elecciones dejaron una mayor representación de las fuerzas conservadoras, mientras que el Partido Liberal y sus aliados quedaron cerca de reunir el respaldo necesario para controlar ambas cámaras legislativas.
Este escenario obligará al oficialismo a negociar acuerdos para aprobar proyectos relacionados con el presupuesto, los impuestos y las reformas económicas.
Uno de los puntos de conflicto será la intención gubernamental de reducir exenciones fiscales. La iniciativa enfrenta resistencia de legisladores que se oponen a medidas que puedan incrementar la carga tributaria efectiva.
Durante su actual mandato, Lula también encontró dificultades para obtener la aprobación legislativa de candidatos destinados a organismos e instituciones clave, entre ellos la Corte Suprema, el Banco Central y las entidades reguladoras.
La nueva distribución de fuerzas parlamentarias podría condicionar tanto el tratamiento de proyectos económicos como las designaciones que requieran aprobación del Senado.
La reforma tributaria pendiente
El quinto desafío será avanzar con la implementación de la reforma de los impuestos al consumo, aprobada por el Congreso brasileño en 2023.
El nuevo sistema de impuesto al valor agregado comenzará a aplicarse en enero de 2027. Sin embargo, todavía resta definir su tasa efectiva, que estimaciones de analistas independientes ubican alrededor del 28%.
La reforma constituye uno de los cambios más importantes del sistema tributario brasileño y su puesta en funcionamiento requerirá completar distintas disposiciones administrativas y fiscales.
Además, el Gobierno postergó el envío de un proyecto destinado a establecer impuestos sobre productos considerados perjudiciales para la salud o el ambiente, como los cigarrillos y las bebidas alcohólicas.
La iniciativa quedó pendiente durante el período electoral y su tratamiento formará parte de la agenda legislativa del próximo mandato.