En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente brasileño Luiz Inácio da Silva anunció su intención de prohibir los casinos digitales en el país. Durante un discurso transmitido desde Brasilia, el mandatario señaló que la medida busca proteger a las familias del impacto económico y social de la adicción al juego online. “No tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”, afirmó Lula, subrayando los riesgos que estas prácticas representan para los hogares brasileños.
El presidente destacó que, aunque la mayoría de los adictos son hombres, las mujeres suelen pagar las consecuencias, ya que los fondos familiares destinados a alimentos, alquiler y educación terminan desapareciendo en las apuestas online. Lula llamó a los tres poderes del Estado a colaborar para frenar la expansión de los casinos digitales y proteger a los sectores más vulnerables. “Trabajemos junto al Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para que estos casinos no sigan destruyendo los hogares”, señaló.
La legislación brasileña prohíbe desde hace décadas los casinos físicos, pero la oferta digital se ha expandido en un vacío legal. La postura de Lula indica un giro hacia restricciones más estrictas frente a la regulación parcial que algunos sectores habían propuesto, anticipando un debate intenso entre quienes defienden la libertad económica y quienes priorizan la protección social.
Impacto social y protección de las familias
El anuncio presidencial se centra en la dimensión social de la adicción al juego, especialmente su efecto en la economía doméstica y la vida de los niños. Según el mandatario, permitir los casinos digitales significa trasladar el problema del juego al ámbito privado de los hogares, generando endeudamiento y conflictos familiares.
Además de su enfoque sobre el juego online, Lula enfatizó la importancia de políticas de protección social integrales. Su mensaje coincidió con la sanción de una ley que establece la presunción absoluta de vulnerabilidad en casos de violación de menores de 14 años o personas con enfermedades mentales, reforzando su agenda de protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, publicó Infobae.
La nueva normativa modifica el Código Penal brasileño y elimina cualquier margen de interpretación judicial que pueda reducir la responsabilidad penal del agresor. Según la ley, el consentimiento de la víctima no tiene validez jurídica si se trata de menores de 14 años o personas incapaces de comprender la situación, sin importar su historial previo.