Empleo doméstico. La Ley de Modernización Laboral ha colocado al régimen de casas particulares en el centro del debate público, generando dudas tanto en empleadores como en trabajadoras. Sin embargo, especialistas coinciden en que, más allá de los cambios introducidos, el núcleo esencial de derechos laborales se mantiene vigente.
En ese sentido, la normativa introduce modificaciones en el inicio del vínculo laboral y en el esquema de sanciones, pero no altera los pilares centrales del sistema. La estabilidad, una vez superado el período de prueba, sigue siendo un elemento clave dentro del marco legal.
Cambios en el período de prueba y continuidad de derechos
Uno de los puntos más relevantes de la Ley de Modernización Laboral es la extensión del período de prueba a seis meses. Durante ese lapso, la relación laboral tiene mayor flexibilidad, pero una vez superado, se recuperan las garantías tradicionales.
Si bien la reforma introduce una mayor flexibilidad en el inicio de la relación laboral con empleadas domésticas y modifica el esquema de sanciones, la estructura básica de la indemnización por despido y los derechos adquiridos permanecen inalterados para quienes superan el nuevo umbral de estabilidad.
Para quienes superan ese período, continúa vigente el derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses.
Cómo se calcula la indemnización y qué normas siguen vigentes
La base indemnizatoria no ha sido modificada en su esencia, lo que brinda previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadoras. En este punto, cobra especial relevancia la actualización salarial dispuesta por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
Este cálculo debe realizarse sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por la trabajadora. Aquí es donde la Resolución 2/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares cobra relevancia: el aumento homologado para marzo 2026 debe ser la base de cualquier liquidación final.
Además, el espíritu de la normativa mantiene la lógica histórica del sector, en línea con lo establecido por la Ley 26.844, que garantiza derechos básicos y condiciones dignas de trabajo.
Preaviso, integración del mes y obligaciones formales
Otro aspecto central es que la Ley de Modernización Laboral no elimina la obligación de notificar el despido con anticipación. En caso de no cumplir con este requisito, el empleador debe abonar el mes de preaviso correspondiente.
La reforma no exime al empleador de la responsabilidad de comunicar el fin del vínculo con antelación. Si la relación laboral se interrumpe sin previo aviso por escrito, se mantienen vigentes los pagos obligatorios vinculados al preaviso y a la integración del mes de despido.
También continúa vigente la integración del mes de despido, lo que implica pagar los días restantes hasta completar el mes si la desvinculación no ocurre en su último día. Ambos conceptos deben incluir adicionales remunerativos.
Finalmente, el registro en el sistema de ARCA sigue siendo obligatorio y constituye una herramienta clave para evitar conflictos legales. La falta de cumplimiento puede derivar en reclamos administrativos o judiciales, ya que las vías formales de resolución continúan plenamente vigentes.