La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa Volver al Trabajo, por lo que el Gobierno podrá avanzar con su cierre a partir de agosto. La decisión alcanza a unas 900.000 personas que percibían una transferencia mensual de $78.000.
El fallo fue dictado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández. Los camaristas dejaron sin efecto la resolución del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado continuar con los pagos hasta que se implementara una política pública alternativa.
Según el tribunal, sostener la transferencia mediante una medida cautelar implicaba “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”. A partir de la resolución, el Ministerio de Capital Humano podrá reemplazar el actual esquema por vouchers destinados a financiar capacitaciones laborales.
Por qué se había ordenado mantener los pagos
Un grupo de beneficiarios había solicitado que el Estado mantuviera el programa Volver al Trabajo o estableciera un sistema equivalente hasta la puesta en marcha de una política que garantizara niveles similares de ingresos e inclusión sociolaboral.
Los demandantes plantearon que la suspensión de la prestación generaba un perjuicio económico y social inmediato. También sostuvieron que la finalización del programa afectaba de manera común a todas las personas incluidas en el padrón.
En primera instancia, el juzgado consideró que el cese abrupto podía provocar un daño irreparable. Además, entendió que no resultaba suficiente anunciar un futuro reemplazo y que debía existir una alternativa concreta antes de interrumpir las transferencias.
Los argumentos de la Cámara
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló la decisión. La Cámara sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene facultades para definir, modificar y finalizar programas sociales, y que los beneficiarios no cuentan con un derecho adquirido a su continuidad.
Los jueces también consideraron que no se habían acreditado los requisitos necesarios para mantener la cautelar, entre ellos el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado. Señalaron, además, que la vigencia del beneficio había sido fijada originalmente por dos años.
Otro de los argumentos fue el impacto presupuestario de continuar obligatoriamente con los pagos. El tribunal entendió que esa decisión interfería en la administración de los recursos y en el diseño de las políticas públicas del Gobierno.
Cómo funcionarán los vouchers de capacitación
El nuevo esquema será coordinado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En lugar de realizar transferencias directas a los beneficiarios, los recursos serán destinados a empresas, centros de formación provinciales y organizaciones encargadas de brindar talleres profesionales.
De esta manera, las personas accederán a capacitaciones mediante vouchers, mientras que los fondos serán girados directamente a las entidades responsables de impartir los cursos. La fuente no precisó cuándo comenzará a funcionar completamente el nuevo sistema ni cuáles serán las condiciones para acceder.
Desde la Casa Rosada también indicaron que parte de los recursos liberados se utilizará para financiar la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias ubicadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.