La jueza Yanina Yzet, titular del Juzgado N° 5 con competencia residual del ex Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Paraná, intimó a distintas áreas del Estado municipal y provincial a cumplir con la sentencia que ordena el saneamiento del volcadero municipal y su traslado definitivo del barrio San Martín. La medida alcanzó a la Municipalidad de Paraná, la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, en el marco de un proceso judicial que se originó hace más de una década.
La resolución dio lugar a un pedido del Foro Ecologista Paraná, que solicitó la ejecución de la sentencia ambiental que exige el cese de los focos de incendio en el basural a cielo abierto, la implementación de un plan de gestión integral de residuos y la relocalización del predio donde actualmente se depositan los residuos urbanos. La causa se remonta a un expediente iniciado en 2008, con sucesivos fallos favorables en los años posteriores que ratificaron la obligación de avanzar en una solución estructural al problema ambiental, publicó Era Verde.
El reclamo reciente fue impulsado por el presidente de la organización, Daniel Verzenassi, con patrocinio legal, tras advertir el incumplimiento sostenido de las medidas ordenadas judicialmente. Según se indicó, la situación se reactivó a partir del trabajo de una mesa ambiental en la Defensoría del Pueblo, que retomó el análisis de la problemática ante la persistencia de quemas y emisiones contaminantes en el vertedero a cielo abierto.
En el desarrollo de la causa, que originalmente tramitó en el juzgado a cargo del exmagistrado Roberto Parajón y luego continuó bajo la órbita de Andrea Morales, se dictaron distintas resoluciones orientadas a mitigar los impactos ambientales, como la implementación del sistema GIRSU y la separación domiciliaria de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, según se desprende de la presentación judicial, estas medidas no lograron consolidarse ni resolver el problema de fondo.
El Foro Ecologista advirtió que, a casi dos décadas del inicio del litigio, no se concretó el traslado del volcadero municipal ni la implementación de un relleno sanitario adecuado, mientras que la gestión de residuos continúa presentando deficiencias. Entre los puntos señalados, se mencionó la falta de separación en origen, el funcionamiento parcial de la planta de tratamiento, la persistencia de focos de incendio y la existencia de basurales a cielo abierto, lo que evidencia, según la organización, una escasa eficacia en la ejecución de las políticas públicas.
Además, se indicó que desde 2024 la localidad de Colonia Avellaneda deriva sus residuos al volcadero de Paraná, lo que agravó la situación y puso en evidencia la falta de planificación integral. En ese sentido, se cuestionó el uso de recursos y programas de financiamiento que no habrían logrado resultados concretos.
Finalmente, la organización ambientalista solicitó que se adopten medidas urgentes para frenar el daño ambiental y proteger a la población, al tiempo que pidió avanzar en la identificación de responsabilidades y la eventual aplicación de sanciones por el incumplimiento reiterado de la sentencia. La Provincia, por su parte, se encontraba elaborando una respuesta institucional a través de la Secretaría de Ambiente y la Fiscalía de Estado ante la intimación judicial.