La Inocencia Fiscal y los dólares en el colchón se convirtieron en eje del debate económico tras la aprobación en el Senado de la Nación del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que fue convertido en ley y que busca redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.
La iniciativa propone cambios profundos en el régimen penal tributario, en los mecanismos de fiscalización y en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo declarado de facilitar trámites, reducir la carga administrativa y restablecer la confianza de los ahorristas.
El proyecto fue elaborado por un equipo integrado por Santiago Caputo, asesor presidencial; Juan Pazo, ex titular de ARCA; María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Nación; Luis Caputo, ministro de Economía; y Silvina Rivarola, directora del Banco Central. Según explicaron sus impulsores, la ley buscó garantizar que los ciudadanos puedan disponer libremente de sus ahorros, incluso en dólares, y ofrecer protección frente a eventuales cambios de criterio de futuras administraciones.
Aunque en el debate público la norma fue asociada a los llamados “dólares del colchón”, el texto no incorporó un régimen de blanqueo de capitales ni modificó la estructura del Impuesto a las Ganancias. No obstante, estableció un marco que permite utilizar ahorros de hasta 100 millones de pesos sin riesgo inmediato de persecución fiscal, siempre que no se configuren maniobras dolosas.
Cambios en evasión y régimen penal
Uno de los puntos centrales fue la actualización de los montos que configuran evasión. La evasión simple pasó a establecerse a partir de los 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada se elevó a un piso de 1.000 millones, muy por encima de los valores vigentes hasta ahora. En los casos en que intervengan estructuras jurídicas o mecanismos destinados a ocultar al responsable, el umbral se fijó en 200 millones de pesos.
Al respecto, el tributarista Martín Caranta explicó que no todo monto que supere el piso legal constituye evasión, ya que debe existir una conducta subjetiva de transgresión de la obligación impositiva, además del requisito objetivo del monto, publicó Infobae. Esta aclaración reforzó el espíritu del proyecto, que partió del principio de considerar a los contribuyentes como cumplidores, salvo prueba en contrario.
Diez claves de la Ley de Inocencia Fiscal
Entre los principales puntos de la norma se destacaron:
-Principio de Inocencia Fiscal: la administración tributaria no podrá presumir evasión de manera automática y deberá focalizar controles en casos con pruebas concretas.
-Actualización del régimen penal tributario: se ajustaron los umbrales penales por inflación acumulada y se mantuvo la posibilidad de regularizar deudas antes de una denuncia penal, por única vez.
-Extinción de la acción penal: si prescriben las facultades del fisco para reclamar un tributo, también se extingue la acción penal.
-Penas específicas: se fijaron sanciones de entre dos y seis años de prisión para maniobras fraudulentas graves con documentación falsa.
-Ajuste anual de montos: los valores se actualizarán anualmente desde 2027 según la UVA.
-Reforma de prescripciones: para contribuyentes cumplidores, el plazo baja de cinco a tres años; para no inscriptos se mantiene en diez.
-Reducción de multas: se prevén quitas de hasta el 90% para personas humanas y pymes.
-Declaración jurada simplificada de Ganancias: régimen opcional para ingresos de hasta 1.000 millones y patrimonio de hasta 10.000 millones.
-Impacto indirecto en los dólares no declarados: al reducir presunciones automáticas, se limita el riesgo de fiscalizaciones por incrementos patrimoniales.
-Modernización del organismo recaudador: el éxito de la reforma dependerá del uso de tecnología y nuevos sistemas de control.
La ley abrió así un nuevo escenario en materia tributaria, con un enfoque orientado a la confianza y al cumplimiento voluntario, en un contexto donde el uso de ahorros en dólares se volvió una de las principales preocupaciones económicas.