El poder ejecutivo de Entre Ríos ha manifestado su intención de tener un texto definitivo para la reforma del Código Procesal Penal antes de fin de año, con el objetivo de que pueda ser tratado en la legislatura en 2025. Para ello, se ha formado una comisión conformada por profesionales del derecho, quienes aportarán sus ideas y perspectivas sobre los cambios necesarios en esta normativa clave. La reforma tiene como propósito adaptarse a los nuevos desafíos que la tecnología y el cibercrimen presentan al sistema judicial.

Pedro Fontanetto, especialista en derecho penal y docente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Fontanetto fue designado por la universidad para integrar esta comisión, un reconocimiento que, según él, le tomó por sorpresa.

La necesidad de regular la prueba digital

Una de las principales preocupaciones de Fontanetto es la falta de regulación en cuanto al tratamiento de la prueba digital, un tema que, según él, es vital para las investigaciones modernas. "Hoy nuestro código tiene como principio rector la libertad probatoria, que es un principio del derecho procesal penal de hace muchísimo tiempo y que sigue vigente. Sin embargo, para quienes investigan, no hay herramientas precisas de cuáles sí, cuáles no", explicó Fontanetto.

El especialista subrayó que en la actualidad los jueces y defensores enfrentan dificultades debido a la falta de claridad sobre los límites de la libertad probatoria, especialmente en investigaciones relacionadas con tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el cibercrimen. "Hoy, el Código Procesal Penal de la provincia no tiene absolutamente nada en relación a lo que es la evidencia digital", destacó.

En este sentido, la reforma podría ser crucial para establecer un marco normativo que permita a los investigadores contar con las herramientas necesarias para enfrentar los delitos informáticos y las nuevas formas de criminalidad que surgen en los entornos digitales.

La propuesta de un agente encubierto digital

Una de las propuestas más innovadoras de Fontanetto para mejorar la legislación tiene que ver con la incorporación de un agente encubierto digital. Esta figura permitiría a la justicia realizar investigaciones en el ámbito digital sin vulnerar derechos fundamentales. "Hoy, por ejemplo, en una causa de narcotráfico se podría poner un agente encubierto para que se infiltre en el terreno y consiga pruebas. En el caso de delitos que se dan exclusivamente en la web, como el grooming o la distribución de material de abuso sexual infantil, necesitamos una figura similar", argumentó Fontanetto.

Actualmente, la policía en Entre Ríos no cuenta con una regulación clara para este tipo de investigaciones en entornos digitales, lo que limita las posibilidades de desarticular redes de criminalidad online. Fontanetto propuso que la reforma incorpore este tipo de procedimientos, lo que facilitaría las investigaciones de delitos que, a menudo, ocurren en plataformas virtuales como redes sociales o aplicaciones de citas.

El desafío de la privacidad en la era digital

Otro de los puntos clave que se debatirá en el marco de la reforma es el acceso a los dispositivos electrónicos de los investigados. Fontanetto explicó que en la actualidad no está claro hasta qué punto los fiscales pueden acceder a la información almacenada en teléfonos celulares y otros dispositivos. "Nuestro teléfono tiene más información que cualquier cosa, incluso que nuestro propio domicilio. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde puede acceder un fiscal cuando investiga un caso y confisca un dispositivo?", cuestionó.

En este contexto, la reforma podría incluir regulaciones más precisas sobre cómo los investigadores pueden acceder a la información digital sin transgredir los derechos de privacidad de los individuos. Según Fontanetto, es necesario establecer límites claros para evitar abusos, pero también para permitir que las investigaciones se lleven a cabo de manera efectiva y ajustada a las nuevas realidades tecnológicas.