Como gran parte del país, este jueves 29 a las 18:30, Gualeguaychú será escenario de una movilización en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa se suma a una jornada de reclamos que se replicará en distintos puntos del país con el objetivo de visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector.
En la ciudad del sur entrerriano, profesionales, pacientes, padres y las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad se concentrarán en 25 de Mayo y Rocamora para caminar hasta el frente del Municipio, en Plaza Urquiza. Allí llevarán sus reclamos y expresarán públicamente las demandas que vienen sosteniendo desde hace meses.
La consigna será “la discapacidad está en emergencia” y los participantes podrán mostrar ese lema en carteles. La acción se da durante un paro de actividades en todo el país, convocado por organizaciones del sector en rechazo a los recortes y demoras en los pagos que afectan tanto a prestadores como a beneficiarios.
Un reclamo federal por una ley clave
Uno de los pedidos de la protesta es solicitar el acompañamiento de los legisladores nacionales a la Ley de Emergencia en Discapacidad que establece los recursos necesarios para cumplir con el sector hasta diciembre de 2027. La norma busca garantizar prestaciones esenciales y asegurar la continuidad de servicios básicos que hoy se ven amenazados por falta de financiamiento y políticas claras.
La iniciativa legislativa ha generado un fuerte debate a nivel nacional, especialmente luego de que el gobierno manifestara públicamente su postura. A través de un comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Ejecutivo expresó su “enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por un sector de la oposición en la Cámara de Diputados”.
A pesar de ese rechazo, distintas asociaciones civiles, familias y prestadores continúan promoviendo la sanción de la ley, a la que consideran una herramienta urgente para detener el deterioro del sistema de atención y contención. La situación económica, la inflación y los retrasos en los pagos han profundizado la crisis.
Prestadores y familias denuncian retrocesos
Tanto los profesionales prestadores de servicios como las familias subrayan que “desde diciembre hasta ahora se han acentuado” las problemáticas, como la falta de atenciones a los pacientes, la actualización de auditorías de Pensiones No Contributivas (PNC) y laborales por invalidez, dispuestas por ANDIS y el congelamiento del monto de la hora que se le paga a los trabajadores, entre otros derechos que se han recortado desde diciembre de 2023.
En muchos casos, los profesionales de la salud y la educación especial han tenido que reducir horas o suspender servicios por la imposibilidad de cubrir costos básicos. Las demoras en las autorizaciones y los pagos ponen en riesgo tratamientos fundamentales para miles de personas en todo el país. (Con información de R2820)