La diputada provincial Gabriela Lena estuvo este lunes en el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, donde repasó el trabajo realizado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y se refirió a distintos proyectos que forman parte de la agenda institucional de la provincia.

Durante la entrevista, la legisladora explicó los avances en la regulación del procedimiento de juicio político, una iniciativa que surgió luego de distintas experiencias dentro de la Legislatura y que busca establecer reglas claras para garantizar la seguridad jurídica y el derecho de defensa de las partes involucradas.

“Después de las experiencias que hemos tenido de estos juicios políticos que se han presentado en la Cámara de Diputados. Esto de no tener una regulación para el procedimiento de juicio político, que es un instituto que está previsto en nuestra constitución provincial de remoción de los más altos funcionarios de la provincia. Al no tener un procedimiento establecido, cada vez que alguien denunciaba y teníamos un juicio político en la Cámara de Diputados, empezábamos a buscar procedimientos de cómo se habían hecho los anteriores. No era un procedimiento unánime que garantice, sobre todo, el derecho de defensa, cómo iban a ser las citaciones y cómo iban a ser las presentaciones”, sostuvo.

La regulación del juicio político y el objetivo de garantizar seguridad jurídica

Lena explicó que la iniciativa ya tuvo tratamiento en la Cámara baja y que fue producto de la unificación de distintos proyectos presentados por legisladores de diferentes espacios políticos.

“Ya se trató, tuvo media sanción y la verdad que tuvimos varias reuniones. Unimos tres proyectos de ley que estaban presentados: uno de Esteban Vitor, otro del senador Juan Cosso y otro mío. Entre los tres, unificamos un proyecto y la verdad que en esto todos los bloques han hecho aportes y han sido partícipes de la redacción que ahora lo va a tratar el Senado”, detalló.

Según explicó, la propuesta establece un procedimiento específico para el tratamiento de denuncias contra funcionarios que puedan ser sometidos a juicio político. El objetivo es evitar que cada caso deba resolverse con criterios diferentes y establecer etapas claras desde el inicio del proceso.

“Una vez que ingrese la denuncia, pasa directamente a la comisión de asuntos constitucionales, que es la que hace la investigación. Se establecen plazos concretos al momento de subestimarla a la denuncia o de correr traslado al denunciado. El plazo establecido es en días hábiles para las contestaciones, para las pruebas y las presentaciones”, explicó. “Esto lo que trae es seguridad jurídica. Por eso es importante la regulación”, afirmó la diputada.

La modificación del artículo 60 de la Constitución entrerriana

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la modificación del artículo 60 de la Constitución provincial, relacionado con los procedimientos constitucionales y los efectos de las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas por el Superior Tribunal de Justicia.

Lena explicó que la modificación apunta a establecer un marco más preciso sobre qué ocurre cuando una norma deja de tener vigencia luego de determinados fallos judiciales.

“El artículo 60 en las últimas partes establece que tres sentencias del Poder Judicial donde el Superior Tribunal de Justicia declare la inconstitucionalidad, deroga una norma jurídica. También lo que se hizo fue reglamentarlo”, señaló.

La legisladora sostuvo que es necesario establecer un mecanismo formal para determinar cuándo una ley, decreto u ordenanza deja de ser operativa, debido a que implica una intervención institucional sobre normas aprobadas por otros poderes del Estado.

“Nosotros necesitamos saber cuándo una norma deja de ser operativa. Para saberlo, necesitamos al igual que el juicio político, una regulación. Necesitamos otro poder actuando como Poder Legislativo porque en este caso va a derogar un artículo, una ley, una Ordenanza o un Decreto”, indicó. Además, explicó que el procedimiento contempla la participación del órgano que emitió la norma cuestionada.

“Lo que se establece es un procedimiento donde se le exige que, al momento del trámite de esta acción de inconstitucionalidad, sea citado el órgano emisor de la norma jurídica (el Ejecutivo, el Legislativo o el Concejo Deliberante –en caso de que sea una Ordenanza-)”, puntualizó.

Reforma previsional: “Es necesaria la reforma de la ley de la Caja de Jubilaciones”

Durante la entrevista, la diputada también fue consultada por la reforma previsional y aclaró que, por el momento, el tema no forma parte de la agenda inmediata de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Al respecto, contó que siguió de cerca las audiencias realizadas durante las últimas semanas y analizó los distintos planteos vinculados al sistema jubilatorio provincial.

“Algunas reformas habrá que hacer al proyecto. Nosotros presentamos algunas posibilidades de reformas de algunos artículos y creo que es una ley que tenemos que reformar. Es necesaria la reforma de la ley de la Caja de Jubilaciones”, sostuvo.

En ese sentido, Lena explicó que existen cuestiones económicas y de actualización normativa que deben ser contempladas para adecuar el funcionamiento del sistema entrerriano. “Hay una realidad económica y también hasta una realidad de modernizar y de tratar de hacer que la Ley de Caja sea operativa con la Nación, sino que sea parecida a la de otras provincias argentinas”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que todavía quedan aspectos por analizar y que algunos puntos incluidos en el proyecto enviado por el Ejecutivo podrían requerir modificaciones.

“Igualmente hay una cuestión que hay muchos aspectos que hay que considerarlos y que quizás no estaban bien considerados en el proyecto que manda el Ejecutivo. Seguramente algunos de los aportes que hicimos, los senadores los discutirán”, aportó.

La denuncia judicial y su explicación sobre el caso de las niñas de República Dominicana

Otro de los momentos destacados de la entrevista fue cuando Lena se refirió a una denuncia judicial que la involucró años atrás, vinculada a un poder realizado como escribana pública para un ciudadano de República Dominicana.

La diputada explicó que el hecho ocurrió cuando era diputada nacional y que la situación estaba relacionada con la autorización para que unas niñas pudieran continuar con sus actividades escolares y deportivas mientras su padre se encontraba fuera del país: “Más que personal, fue político. Esto fue hace unos años cuando fui diputada de la Nación y en mi calidad de escribana publica, donde realicé un poder para un hombre de República Dominicana que estaba con sus hijas en Villa del Rosario, donde manifestó que se iba por unos meses y manifestó que las nenas se quedaban, al menos por unos meses hasta que él volviera”. Luego detalló cuál fue el objetivo del documento realizado y las circunstancias posteriores: “Las nenas estaban en la escuela en Argentina hace más de un año. Estaban yendo a una escuela pública y practicando deporte. Él me solicitó que le haga un poder para que ellas puedan seguir yendo a la escuela para que la familia pueda firmar los boletines, las inasistencias, ir al médico y autorizando la práctica de los deportes mientras él no estaba”.

Según relató, posteriormente se inició un procedimiento judicial contra las personas que estaban a cargo de las niñas y ella fue incluida en una denuncia, aunque aseguró que nunca fue convocada a declarar: “Después hubo un procedimiento judicial contra las personas que se habían quedado con estas niñas. Era una causa donde a mí jamás me llamaron de testigo ni absolutamente nada. Una persona denuncia que había hecho una guarda para adopción, que no era así y fue corroborado por mi colegio profesional”.

Lena evalúa medidas tras la denuncia

La diputada sostuvo que la causa avanzó sin que fuera citada formalmente y afirmó que finalmente el fiscal solicitó su sobreseimiento.

“Me hicieron una denuncia de la cual el fiscal del Juzgado Federal de Concordia nunca me citó, no me tomó declaraciones y lo único que hizo fue pedir informes. Después de eso, pidió a la jueza un sobreseimiento en esa causa donde jamás me citaron a declarar”, dijo.

Además, cuestionó la exposición pública que tomó el caso y consideró que la situación tuvo una dimensión mayor a la que correspondía: “Esto tomó un estado más público de lo que debería porque no era nada que esté fuera de la ley y a mí me hace ruido que la persona que me denunció, casi en el mismo momento lo denunció al ministro de Gobierno y al gobernador de la provincia de Entre Ríos”, señaló. Consultada sobre la posibilidad de iniciar acciones legales, Lena afirmó: “Estamos evaluando. La verdad que para mí fue un tema que me dolió mucho”.