Los fondos de ANSES para Entre Ríos por $120.000 millones representarán un nuevo anticipo a cuenta de la deuda que Nación mantiene con la Provincia por el déficit de la Caja de Jubilaciones, pero no significarán el cierre definitivo del reclamo.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, explicó que todavía deben completarse auditorías para determinar el saldo final, mientras el presidente del organismo previsional, Gastón Bagnat, aseguró que la reforma recientemente sancionada no reducirá los haberes de quienes ya están jubilados.

El acuerdo volvió a poner en primer plano dos procesos que el Gobierno provincial consideró paralelos: por un lado, la búsqueda de recursos nacionales para financiar parte del déficit previsional y, por otro, la reforma aprobada para modificar la evolución futura del sistema. Los funcionarios insistieron en que una decisión no condicionó a la otra y que los fondos provenientes de ANSES constituyen una obligación vinculada con déficits ya registrados.

 

Boleas recordó que el reclamo original presentado por la Provincia ascendía a unos $154.000 millones a valores de aquel momento y correspondía a los desequilibrios acumulados entre 2020 y 2024. Desde entonces, Entre Ríos fue recibiendo distintos anticipos, mientras avanzaron las auditorías necesarias para precisar las cifras.

 

Los $120.000 millones serán un anticipo a cuenta de la deuda

 

“Por primera vez se hace un reclamo por el déficit de la Caja que corresponde que cubra Nación. Eso eran los 154.000 millones a valores del momento de la demanda y tenía que ver con los déficits de los períodos 2020 a 2024”, explicó Boleas.

El ministro detalló que posteriormente hubo desembolsos que fueron imputados a distintos ejercicios. Según precisó, se recibieron alrededor de $24.000 millones a cuenta de 2024, otros $48.000 millones correspondientes a 2025 y ahora se acordaron los $120.000 millones vinculados con 2026.

 

“Respecto de lo que se ha venido recibiendo, tal cual, a cuenta del 2024 fueron esos 24, los 48 a cuenta del 2025 y los 120.000 a cuenta del 2026”, enumeró.

El funcionario remarcó que esos desembolsos no cancelan la discusión de fondo, debido a que las auditorías deberán establecer el déficit efectivo que le corresponde reconocer a Nación. Una vez fijado ese monto, se descontarán los anticipos ya transferidos y se determinará el saldo.

 

“Es cuatro veces lo que recibía la provincia”

 

Para dimensionar el último acuerdo, Boleas comparó el monto con las transferencias previsionales de años anteriores. Sostuvo que, a valores actuales, los recursos recibidos en 2023 equivaldrían a unos $30.000 millones.

“El hecho de llegar a esta cifra de 120.000 tiene que ver con la contundencia del análisis, de la información aportada y del trabajo realizado. O sea, concretamente es cuatro veces lo que recibía la provincia antes de que nosotros asumiéramos”, afirmó.

El ministro atribuyó la mejora en los montos reconocidos a la información obtenida mediante las auditorías y al trabajo técnico desarrollado para respaldar el reclamo entrerriano.

Según explicó, contar con números consolidados permitió darle mayor precisión al cálculo del déficit y fortalecer la posición provincial en las negociaciones con ANSES.

 

Cómo se desembolsarán los recursos

 

Boleas informó que el acuerdo contempla el pago de los $120.000 millones en diez cuotas. Al mismo tiempo, aclaró que el convenio prevé que los montos puedan incorporarse al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre el Estado nacional y la Provincia.

“Los 120.000 está pautado en 10 cuotas, pero establece el mismo convenio que podrán ser ingresados al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre Nación y Provincia”, explicó.

 

Ese mecanismo implica que los compromisos económicos existentes entre ambas jurisdicciones podrán contemplarse al momento de ejecutar el acuerdo. De esta manera, el resultado financiero efectivo dependerá también de las obligaciones cruzadas que existan entre Nación y Entre Ríos. El ministro volvió a remarcar que el desembolso debe interpretarse como un anticipo. “Esto es a cuenta del déficit”, enfatizó.

 

La deuda estará sujeta a actualización

 

Uno de los elementos centrales del entendimiento es que tanto el déficit determinado como los montos adelantados tendrán mecanismos de actualización.

Boleas indicó que el saldo será actualizado a través del índice SIPA, relacionado con la movilidad del sistema previsional nacional. Así se buscará evitar que el transcurso del tiempo altere el valor real de las cifras que finalmente surjan de las auditorías.

 

“Determinado el déficit, ese déficit se actualiza por el índice SIPA, por el índice de la movilidad de las previsiones y de los aportes de las previsiones nacionales, y lo mismo sucederá con lo que se haya ido cobrando de esos 120.000 para determinar el saldo final”, señaló.

Por eso, el monto definitivo de la deuda todavía no puede establecerse. La Provincia deberá terminar de auditar los períodos pendientes y luego consolidar el stock reconocido, incorporando las correspondientes actualizaciones.

 

Bagnat: los recursos nacionales pueden existir o no

 

Gastón Bagnat buscó diferenciar con claridad la obtención de fondos nacionales de la reforma previsional aprobada recientemente. Según planteó, la Caja no puede depender exclusivamente de que ANSES continúe girando recursos.

“¿Por qué no tiene nada que ver la reforma con la gestión que por ley y por responsabilidad nos toca con los fondos nacionales? Porque sencillamente los recursos, que es una de las vías, la captación de recursos que nunca se había explotado y hoy podemos contar con ella, puede estar o no puede estar”, explicó.

 

El presidente de la Caja advirtió que las transferencias nacionales no pueden darse por garantizadas a largo plazo. “Así como no estuvo en el pasado, en el futuro puede no estarlo también y el sistema necesita poder defenderse”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, ubicó la reforma como una modificación destinada a reducir vulnerabilidades futuras independientemente de los recursos que puedan llegar desde Nación.

 

“El sistema necesita poder defenderse”

 

Bagnat sostuvo que el objetivo de los cambios previsionales fue preparar a la Caja para continuar incorporando beneficiarios sin que su funcionamiento dependa únicamente de fuentes externas de financiamiento.

“Lo necesario de la reforma tiene que ver con eso, con sanar el mecanismo, con preparar al sistema para que siga jubilando gente y, más allá de la captación de recursos, pueda sostenerse”, señaló.

La explicación retomó el argumento oficial expuesto durante el tratamiento legislativo: los recursos provenientes de ANSES pueden aliviar el déficit corriente, mientras que las modificaciones previsionales buscan incidir sobre el comportamiento del sistema durante los próximos años.

Los funcionarios remarcaron así que se trata de dos herramientas diferentes frente a un mismo desafío financiero.

 

Qué pasará con los actuales jubilados

 

Después de la aprobación legislativa de la reforma, una de las principales inquietudes estuvo relacionada con su impacto sobre quienes ya cobran una jubilación provincial.

 

Bagnat aseguró que los haberes correspondientes a julio, que se estaban abonando durante esos días, no serían modificados por la nueva legislación. “El recibo de sueldo de julio, que es lo que están cobrando hoy los jubilados, no se va a ver afectado con la reforma para ningún jubilado”, afirmó.

 

También anticipó qué ocurrirá con la liquidación siguiente y negó que los actuales beneficiarios sufran una reducción en sus ingresos.

 

“No solo no cobran menos”

 

Según explicó Bagnat, cuando se liquide agosto y los jubilados perciban sus haberes durante los primeros días de septiembre, se incorporará la movilidad derivada de la paritaria correspondiente. “El recibo de agosto, cuando cobren el cronograma los primeros días de septiembre, van a ver cómo no solo no cobran menos, sino que van a cobrar con la paritaria, con la movilidad del mes de agosto”, sostuvo.

 

La afirmación buscó responder a cuestionamientos y dudas surgidos durante el debate político y gremial de la reforma. Desde el Ejecutivo sostuvieron que las modificaciones no cambiarán el haber de quienes actualmente integran el sistema previsional, sino que buena parte de sus efectos tendrá una aplicación progresiva sobre condiciones futuras.

 

Qué ocurrirá con los trámites ya iniciados

 

Otra preocupación estuvo centrada en quienes comenzaron su trámite jubilatorio antes de la entrada en vigencia de la reforma. Bagnat aseguró que tanto los expedientes iniciados como los turnos otorgados hasta el momento de la promulgación quedarán contemplados bajo la normativa actualmente vigente.

 

“Todos los trámites que estaban iniciados y los turnos que están tomados hasta la fecha de que se promulgue la ley están debidamente cubiertos por la Legislatura, por la ley vigente hasta el día de la promulgación”, explicó.

 

En consecuencia, esas personas continuarán el procedimiento bajo las condiciones establecidas por la Ley 8732. “Se va a cumplir como se dijo, dándole curso y tratamiento con la ley 8732 vigente en la actualidad”, enfatizó.

 

Reglamentación y diálogo con los gremios

 

Con la reforma ya aprobada, la Caja comenzó a trabajar en la etapa reglamentaria. Allí deberán definirse aspectos específicos para trasladar las modificaciones legales a los procedimientos concretos del sistema.

Bagnat señaló que el organismo ya inició conversaciones con representantes sindicales para explicar el funcionamiento de la normativa y procurar que la información llegue de manera precisa a los trabajadores.

“Estamos sí trabajando en lo que es toda la reglamentación, que tiene que ver con ser más específicos y más claros. Ya hemos convocado a los gremios, ya hemos tenido reuniones con los gremios”, indicó.

El objetivo, sostuvo, es que los sindicatos conozcan los detalles y puedan comunicar adecuadamente cómo serán aplicadas las disposiciones.

 

La comparación con la reforma de Santa Fe

 

Boleas también respondió a las consultas sobre posibles cuestionamientos constitucionales, especialmente después de decisiones judiciales relacionadas con modificaciones previsionales implementadas en Santa Fe.

El ministro diferenció ambos regímenes y sostuvo que los aspectos objetados en la provincia vecina no forman parte de la legislación entrerriana.

 

“Lo que en Santa Fe se ha declarado inconstitucional tiene que ver con los topes en las jubilaciones, que nuestra ley no contempla, y tiene que ver con el tema de los aportes para los jubilados, que nuestra reforma no contempla el aporte generalizado”, explicó.

Boleas remarcó que desde la elaboración de la iniciativa el Ejecutivo procuró no modificar la situación de quienes ya se encontraban jubilados.

 

“No alterábamos la foto”

 

“En nuestra reforma, nosotros planteamos desde el principio que nosotros no alterábamos la foto. Decíamos: no hay modificación para ningún jubilado al momento de la reforma”, afirmó el ministro.

Según su interpretación, otras provincias avanzaron con cambios que incidieron sobre situaciones ya consolidadas, mientras que Entre Ríos buscó preservar el esquema vigente para los actuales beneficiarios y concentrar buena parte de los cambios hacia adelante.

 

“Ha habido reformas en otras provincias que han contemplado modificaciones al statu quo, a los jubilados a ese momento, y nosotros siempre fuimos claros desde el principio que no íbamos a modificar ni alterar”, expresó.

De todos modos, Boleas evitó dar por cerrado el debate judicial en Santa Fe. “No sabemos cómo va a terminar esa historia. Está en pleno proceso”, aclaró.

 

Auditorías pendientes y un monto final todavía abierto

 

La definición del reclamo entrerriano tendrá otro capítulo cuando finalicen las auditorías. Hasta ese momento, los $120.000 millones funcionarán como un anticipo y no como cifra definitiva.

Bagnat explicó que, además de precisar los déficits correspondientes a cada período, deberá analizarse la actualización de los importes hasta la fecha efectiva de cobro.

“Queda, aparte de la auditoría y especificar los déficits definitivos, lo que es el manejo de ese número que tiene que ver con la actualización correspondiente a la fecha de cobro”, señaló.

Una vez determinado el stock total de deuda, la Provincia podrá establecer con mayor precisión cuánto corresponde reclamar, cuánto ya fue percibido y qué saldo resta reconocer.

 

Dos caminos para un mismo desafío previsional

 

El escenario presentado por Boleas y Bagnat dejó expuesta la estrategia provincial: continuar reclamando a Nación los fondos correspondientes por déficits ya acumulados y, simultáneamente, aplicar cambios internos para intentar contener la evolución futura del sistema.

Los $120.000 millones significan un salto respecto de transferencias anteriores, pero no terminan con la discusión financiera.

 

Las auditorías aún deberán fijar el monto definitivo y el índice SIPA tendrá incidencia sobre su actualización. Mientras ese proceso continúa, la reforma ingresará en su etapa de reglamentación. Bagnat aseguró que los jubilados actuales no sufrirán reducciones y que los trámites iniciados antes de la promulgación estarán protegidos bajo las condiciones actuales.

 

Para el Gobierno provincial, la combinación de ambas herramientas apunta a un mismo resultado: que los fondos nacionales ayuden a cubrir obligaciones acumuladas y que, paralelamente, la Caja pueda sostener nuevos beneficios sin profundizar su desequilibrio. En ese camino, las auditorías serán decisivas para conocer finalmente el tamaño de una deuda previsional que todavía permanece abierta.