El oficialismo impulsa una reforma de la ley de financiamiento universitario tras el revés judicial que lo obliga a cumplir con aumentos en salarios docentes y programas educativos.
La iniciativa apunta a reducir el impacto fiscal de la norma vigente, mientras el Gobierno avanza en paralelo con una apelación ante la Corte Suprema.
El proyecto, que había sido presentado en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero, no fue tratado en ese momento debido a que la agenda oficial estaba centrada en la reforma laboral. Ahora, frente a la presión judicial, el Ejecutivo busca retomar su discusión en el Congreso.
Ajustes en salarios y presupuesto
La propuesta del Gobierno no deroga la ley aprobada por el Congreso, pero introduce modificaciones clave. Entre ellas, establece un esquema de actualización salarial para docentes y no docentes universitarios más acotado que el vigente.
Mientras la normativa actual contempla recomponer el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023, el proyecto oficial solo prevé reconocer parcialmente la pérdida correspondiente a 2025, sin incluir el año anterior.
Asimismo, plantea aumentos en tres tramos del 4,1% durante el año y la convocatoria a negociaciones paritarias trimestrales, aunque sin obligación de ajustar salarios en función de la inflación.
Diferencias con la ley vigente
Otro de los puntos centrales es el financiamiento del funcionamiento universitario. La ley actual obliga a recomponer partidas afectadas por la inflación en áreas como hospitales universitarios y programas científicos.
En cambio, la iniciativa oficial limita esa actualización y establece que solo se ajustarán los fondos si la inflación anual supera el 14,5%, cifra contemplada en el presupuesto.
Además, incluye una asignación adicional de más de 80.000 millones de pesos destinada al sistema de salud universitario, aspecto no contemplado en la normativa vigente.
Tensión política y escenario abierto
El intento de reactivar el proyecto se dio en medio de tensiones internas dentro del oficialismo por no haber avanzado con la iniciativa meses atrás. Según trascendió, las diferencias se centraron en la falta de consensos para su aprobación, indica La Nación.
A esto se sumó el reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que dio la razón a las universidades y fortaleció su posición en el reclamo por mayores fondos.