El capítulo sobre extranjerización de tierras fue retirado por el Gobierno nacional del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que gobernadores y legisladores aliados anticiparan que no acompañarían la reforma en el Senado. La medida busca preservar el tratamiento del resto de la iniciativa, que mantiene modificaciones vinculadas a las leyes de Desalojos, Expropiaciones y Manejo del Fuego.
La decisión fue adoptada en la antesala de la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta y representó un cambio de estrategia del oficialismo, que optó por excluir el punto más controvertido del proyecto para evitar un revés legislativo.
La iniciativa impulsaba una modificación de la Ley de Tierras que elevaba del 15 al 25 por ciento el límite de tierras rurales que podían quedar en manos de personas humanas o jurídicas extranjeras.
La presión política cambió el escenario
El retiro del capítulo se definió tras una reunión entre la conducción oficialista y bloques aliados. La propuesta había comenzado a perder respaldo durante las últimas horas, cuando distintos senadores pusieron en duda su acompañamiento.
El escenario terminó de complicarse con la postura pública de dos gobernadores considerados cercanos al Gobierno nacional: Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Rolando Figueroa, de Neuquén, quienes anunciaron que sus espacios votarían en contra de la reforma sobre extranjerización de tierras.
A esa resistencia se sumaron diferencias dentro de bloques aliados e incluso del PRO, donde algunos legisladores resolvieron apartarse de la estrategia oficial al advertir que no existían los votos necesarios para aprobar el capítulo.
El resto del proyecto continuará su tratamiento
La decisión de retirar el apartado sobre tierras no implicó la suspensión del debate previsto para este jueves. El oficialismo mantendrá el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante la continuidad de la sesión iniciada el pasado 16 de julio.
La iniciativa conserva las reformas vinculadas a la legislación sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego, aspectos que el Gobierno considera prioritarios y sobre los cuales intentará reunir los consensos necesarios para avanzar en el Senado.
Con esta modificación, la Casa Rosada buscó evitar que la falta de acuerdos sobre la Ley de Tierras pusiera en riesgo el tratamiento del resto del paquete legislativo.
Qué proponía la reforma de la Ley de Tierras
El capítulo retirado mantenía la prohibición para que los Estados extranjeros adquirieran tierras rurales en la Argentina, pero introducía cambios para otros tipos de compradores.
El proyecto habilitaba la adquisición de tierras por parte de personas jurídicas extranjeras o empresas con participación estatal extranjera, siempre que contaran con autorización de la provincia donde se ubicara el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, establecía que esa facultad de autorización no podría ser delegada por el Ejecutivo en funcionarios con rango inferior al de secretario de Estado.
El punto que generó mayor rechazo
La principal modificación consistía en elevar del 15 al 25 por ciento el límite de tierras rurales que podían quedar en manos de personas humanas o jurídicas extranjeras dentro de cada provincia.
El texto también disponía que toda compra realizada por extranjeros debía inscribirse en el registro inmobiliario provincial mediante un asiento especial, consignando la identidad y nacionalidad del adquirente. En los casos de empresas con participación estatal extranjera, la inscripción debía acompañarse de las autorizaciones correspondientes.
Ese incremento en el porcentaje permitido fue el aspecto que concentró las mayores críticas de gobernadores y legisladores, quienes consideraron que la modificación requería un debate más amplio y anticiparon su rechazo en el recinto.
La falta de consenso llevó finalmente al Gobierno a retirar el capítulo para evitar una derrota parlamentaria y concentrar sus esfuerzos en el resto del proyecto, cuya discusión continuará este jueves en el Senado.