El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a nueve personas, entre ellas dos punteros políticos, por integrar asociaciones ilícitas que tramitaban pensiones no contributivas (PNC) por invalidez mediante maniobras fraudulentas. La investigación reveló un entramado delictivo que operaba con documentación médica adulterada y generó un grave perjuicio económico al Estado nacional.
La causa se originó en 2022 a partir de una investigación del Juzgado Federal de Concordia, que permitió desarticular dos organizaciones delictivas integradas por referentes barriales de distintos sectores. Los imputados simulaban enfermedades y presentaban certificados médicos falsos para obtener beneficios destinados a personas con discapacidad, a nombre de personas que no reunían las condiciones legales.
Durante la instrucción se ordenaron 22 allanamientos simultáneos, que permitieron recolectar pruebas claves para sustentar la acusación. Aunque el monto total del fraude aún no fue determinado con precisión, se trata de un daño millonario al sistema de seguridad social.
El expediente fue elevado a juicio oral y público, y en marzo se dictaron las condenas en el marco de acuerdos de juicio abreviado.
Los líderes de cada organización fueron identificados como Hugo Cabrera, puntero político del barrio María Goretti, y Cristina Repetto, referente del barrio El Silencio, ambos condenados a cuatro años de prisión efectiva.
En tanto, los otros siete imputados fueron condenados a tres años de prisión por su participación en los hechos, acusados de colaborar en la recolección de datos, la presentación de trámites y el armado de expedientes fraudulentos ante organismos oficiales.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, que validó las pruebas aportadas por la Fiscalía y consideró probada la existencia de una asociación ilícita con fines de defraudación al Estado, publicó Concordia Policiales.
Estafa con “pensiones truchas”
La causa investigó una red por defraudación millonaria al Estado dedicada a la tramitación de pensiones ilegales no contributivas por invalidez. Según se informó oportunamente, la asociación ilícita desarticulada “ofrecía conseguir pensiones no contributivas del Estado Nacional creando enfermedades a cambio de sumas que rondaban los $60.000,00 pesos por cliente, generando considerables ganancias para los involucrados e incalculables perdidas en los fondos del estado”.
La organización se dedicaba a falsificar certificados médicos, inscribir a ciudadanos que no tenían problemas de salud o no cumplían con los requisitos para recibir ese beneficio estatal.
Una gran cantidad de personas, varios de ellos profesionales médicos fueron allanados en diciembre de 2023 en el marco de una investigación que duró más de un año y que fue efectuada y coordinada por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, junto a la Gendarmería Nacional Argentina (Escuadrón 4 “Concordia” y la UNIPROJUD “Concepción del Uruguay”).
La investigación, que incluyó seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas, además del análisis de múltiples informes, desarticuló a una amplia y compleja red de estafadores que tramitaban pensiones por invalidez y fraguaban información de los futuros beneficiarios.